El alcalde de Grañén, Carlos Sampériz Enguita, ha pasado en los últimos meses al ayuntamiento gastos de gasolina que suman varios cientos de euros por repostajes. Los de enero a octubre del año pasado superan los 1.400 euros.
El consistorio, que vivió entre los años 2007 y 2011 una tensa legislatura motivada por la polémica del fraude en las obras del Plan E, suprimió en el primer pleno de la nueva etapa el cobro de dietas por parte de los miembros de la corporación.
La gasolinera que los expende, situada a unos metros de la casa consistorial, refleja en ellos repostajes de un vehículo de la marca Mercedes que figura a nombre de la novia del alcalde.
Sampériz confirmó ayer a EL PERIÓDICO la existencia de esos gastos. Según aseguró, las bases de ejecución presupuestaria del consistorio contemplan la cobertura de hasta 40 euros por desplazamientos de media jornada fuera del municipio y de 50 por un día entero.
"El gasto medio puede ser de 30 euros por semana, y no todas --dijo--. Si un alcalde de 24 horas cuesta eso en un pueblo de 2.000 habitantes, no me parece caro". Añadió que esos gastos son públicos y que se informa de ellos a todos los concejales.
POLÉMICAS La gestión económica del Ayuntamiento de Grañén ha estado en los últimos años rodeada de polémica. Esta tuvo su punto culminante hace unas semanas en la Audiencia Provincial de Huesca con la condena del exalcalde, Juan Antonio Rodríguez, por el desvío de tres subvenciones del Plan E.
Este y un empleado municipal aceptaron sendas condenas de seis meses de inhabilitación para desempeñar cargos públicos y 3.240 euros de multa, mientras que el ingeniero técnico que certificó la existencia de las falsas obras y el contratista de las mismas se conformaban con una pena de medio año de cárcel que no deberán cumplir al carecer de antecedentes penales.
Los cuatro se declararon culpables de un delito de falsedad documental cometido por imprudencia.
El Ayuntamiento de Grañén recibió en el 2008 tres subvenciones con cargo al Pla E: una de 47.227 euros, otra de 7.048 y la tercera de 5.448. Esos casi 60.000 euros, sin embargo, fueron invertidos en tres actuaciones distintas de aquellas para las que habían sido concedidas. La Fiscalía pedía inicialmente tres años de prisión para cada uno de los acusados.
El ministerio público aceptó rebajar la petición de condena a la vista de la confesión de los acusados y ante el hecho de que ninguno de ellos había metido la mano en la caja para beneficiarse personalmente del delito.
