El Gobierno de Zaragoza tendió ayer la mano a Izquierda Unida para abrir "de inmediato" las negociaciones, también con Chunta, por las ordenanzas fiscales y el presupuesto del 2015. Y lo hizo cumpliendo de una tacada todos los compromisos pendientes por el acuerdo alcanzado en el 2013, con once meses de retraso, para no cerrar ninguna puerta a un posible pacto para el próximo ejercicio.

Así se desprende de la reunión de Gobierno celebrada ayer, en la que se decidió aprobar, para su posterior debate y aprobación en el pleno de septiembre, de la medida de duplicar la tasa de la basura a las empresas y municipios que hacen uso del vertedero municipal --pasando de 17 a 32 euros por tonelada recibida--, de aplicar contribuciones especiales a las firmas que hagan uso de los servicios municipales para eventos o circunstancias extraordinarias que tengan fines comerciales, y de ampliar las subvenciones en el impuesto de plusvalía en los casos de impagos hipotecarios o desahucios.

Un cumplimiento que sigue generando dudas. Sobre todo en el caso de la tasa de la basura, ya que 61 municipios se verán afectados por una medida que IU solo pretendía para las empresas que tienen recogida propia. Pero el vicealcalde, Fernando Gimeno, aseguró que no se puede discriminar entre unos y otros clientes del vertedero, y que es justo que se duplique el coste también para los pueblos ya que servirá para que todos paguen "el coste real" de unas instalaciones que los zaragozanos ya mantienen con sus impuestos.

"El ayuntamiento no puede seguir subvencionando a otros municipios o a la DGA", apuntó, al tiempo que recordó que el Ejecutivo autonómico está ultimando el Plan GIRA, para la gestión de residuos, con el que quiere derivar a los vertederos de Zaragoza y Calatayud la basura de toda la comunidad autónoma. En este sentido, no se busca empeorar la situación de los municipios a los que sirve. "Que pague la diferencia la DGA", propuso.

Mientras, en el cobro de las contribuciones especiales, el criterio está aún poco definido, ya que será el propio ayuntamiento el que determine el carácter extraordinario del motivo por el que se requiera la presencia policial o el uso de vallas, así como los fines sociales o comerciales de la inciativa.

Mientras, Chunta abrió otra línea de debate de cara a confeccionar el presupuesto. Su portavoz, Juan Martín, pidió que este año, que ya no se tendrá que devolver el crédito ICO del primer plan de pago a proveedores, se destinen los 14 millones que se venían gastando a mejorar la ciudad, con una renovación de las calles que "requiere de más de 4 millones de euros" que planea dedicar el Gobierno, y en la que consideran que hay que dar oportunidad a los ciudadanos para que expresen las mejoras que necesitan sus barrios.