El vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, consideró «tremendamente injusta» la partida para España del Fondo Europeo de Transición Justa, de 307 millones de euros frente a los 7.500 millones del montante total, de los que 2.000 millones serán para Polonia. «Para repartir miserias, que no tarde tanto tiempo en decidirse», esgrimió ayer tras la presentación del estand de Aragón en Fitur.

Aliaga recordó que la comunidad ha tenido que asumir el cierre de las centrales de Escucha o Escatrón, así como la pérdida de la actividad minera en la cuenca central o Mequinenza y, sin embargo, Bruselas ha entregado la mayor parte de los fondos a los países que más han estado contaminando, en referencia a los 2.000 millones que se llevará Polonia, en lugar de premiar a quienes, como Aragón, han hecho un esfuerzo los últimos años, con la consiguiente pérdida de empleo.

Aliaga advirtió de que este fondo no estará en vigor hasta el año que viene, ya que se ha fijado para el periodo 2021-2027.

El consejero de Industria estimó que «es como para estar alarmados» y evidenció la «inquietud» y «desasosiego» en las cuencas mineras turolenses por esta circunstancia, para constatar que en la propuesta de la Comisión Europea «se lleva la mayor parte quien más ha seguido contaminando y no ha hecho el esfuerzo».

A su entender, este reparto «está en contradicción» con el anuncio realizado por la Comisión Europea el pasado 19 de noviembre de Green Deal o Pacto Verde Europeo para apoyar la transición hacia una economía libre de emisiones de dióxido de carbono en las regiones comunitarias más dependientes de la producción de combustibles fósiles.

Aliaga anunció que va a solicitar una reunión con la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, para abordar esta cuestión y «analizar qué margen de maniobra hay».

Por su parte, el presidente del PP en Teruel, Joaquín Juste, se mostró muy crítico con la labor desarrollada por el Gobierno español en la negociación del fondo europeo, calificándola como un «desastre». Mientras, el coordinador general de Izquierda Unida Aragón, Álvaro Sanz, exigió al Ejecutivo central «actuar con decisión» para conseguir «un reparto más justo» para Andorra. Además, indicó que, «los esfuerzos realizados en materia de reconversión minera han carecido de la planificación y la visión estratégica».