Aprobada la modificación del PGOU que regulariza el ‘outlet’ de Pikolín

Este plan, aprobado en la pasada legislatura con los votos a favor de PP, Cs y PSOE, fue declarado “nulo” por el el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). Según el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, la sentencia venía a decir que no se utilizó el instrumento adecuado para impulsar Torre Village, ya que exigía una modificación del PGOU previa que no se hizo y que consistía en una conversión de la zona H en F, es decir, que pasase de tener un uso industrial a comercial. Lo que se ha hecho, ha insistido, ha sido “adaptar el planeamiento urbanístico a una realidad”, ya que las obras del futuro centro comercial ya están ejecutadas al 99%.

Tanto Vox como PSOE han apoyado la propuesta del Gobierno municipal. El concejal de la formación de ultraderecha, Julio Calvo, ha explicado que más allá del modelo de ciudad de cada formación o de compartir la apertura de nuevos centros comerciales, es responsabilidad de la actual corporación evitar que la promotora Iberebro pueda exigir responsabilidades patrimoniales al consistorio en el caso de que el proyecto no se regularice y no pueda materializarse. Según Calvo, la cuantía podría ascender a los 100 millones.

Desde el PSOE, María Ángeles Ortíz ha realizado la misma lectura que Serrano sobre la sentencia del TSJA. A su juicio, el proyecto del outlet no es ilegal y solo requiere de una modificación del procedimiento urbanístico. También en la misma línea que el concejal de Urbanismo, ha destacado que las obras están prácticamente ejecutadas, lo que justifica cualquier cambio en el planeamiento.

Podemos y ZeC han sido los más críticos. El concejal de la formación morada, Fernando Rivarés, ha acusado al Gobierno PP-Cs de “reírse” de la gente y de “favorecer a las élites y a los amiguetes ricos” modificando el PGOU “a la carta” y regularizando así el proyecto de Torre Village que, ha dicho, es ilegal. Además, ha asegurado que en caso de que se exigiesen responsabilidades recaerían sobre aquellos concejales que votaron a favor del plan especial, algo que ha negado el concejal de Urbanismo.

Por su parte, Pedro Santisteve (ZeC) ha acusado al Gobierno de “utilizar la innovación del planeamiento urbanístico para eludir las sentencias como hizo en su día Jesús Gil y Gil”. Según Santisteve, no está justificado el “interés público” para motivar la modificación del plan general y ha advertido de la destrucción de empleo que supondrá su apertura en el pequeño comercio, así como el coste extra que le originará a las arcas municipales el mantenimiento de los servicios complementarios que se tendrán que habilitar en el centro comercial tanto, en infraestructuras como en transporte público.