"Queremos garantizar la continuidad de las obras y su finalización, es imprescindible para el desarrollo de Aragón". Las primeras palabras del consejero de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, en su comparecencia después de la reunión mantenida con el presidente de Aragón, Javier Lambán, y el secretario de la Junta Central de Usuarios Río Jalón, Jesús Ángel Lamuela, han demostrado la fuerza con la que el Ejecutivo autonómico está dispuesto a pelear por seguir adelante con el embalse de Mularroya. También lo están los regantes, que han anunciado que recurrirán ante el Supremo la sentencia de la Audiencia Nacional que anula el proyecto.

El Gobierno de Aragón ya se ha puesto en contacto con la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, para que presente otro recurso por su parte, aunque no hay ninguna decisión al respecto. "Se van a llevar a cabo todas las acciones necesarias para garantizar la continuidad de las obras, la finalización y puesta en servicio" de esta infraestructura que Olona considera "imprescindible" para el desarrollo de Aragón, para evitar la despoblación y proteger la agricultura familiar.

El presidente de Aragón está en "constante contacto" con la ministra de Reto Demográfico, Teresa Ribera, para transmitirle su preocupación por las consecuencias de la sentencia y conocer la postura del Ejecutivo central. Además, ha acordado con el presidente de las Cortes, Javier Sada, realizar una declaración para instar a Ribera a convocar la Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua y defender la posición de Aragón.

Olona también ha solicitado comparecer ante el Parlamento autonómico para "dejar claro" cuál es la posición del Gobierno al respecto y mostrar el apoyo a los regantes en su recurso. "Se está estudiando la sentencia y sus consecuencias sobre los regantes", dijo el consejero, que cree que la sentencia "obedece a cuestiones de carácter formal que se pueden subsanar", como es que no se ha justificado el interés público superior y que incumple la Directiva Marco Europea.

La Audiencia Nacional reconoce en su fallo que las obras del embalse suponen el deterioro de las masas de agua de los ríos Grío y Jalón, así como de los acuíferos de las Sierras de la Virgen y Vicort. Sin embargo, dicha directiva establece la posibilidad "de realizar obras en los ríos que alteren la calidad geomorfológica siempre que haya razones de carácter social y económico", ha explicado Olona, que cree que el error puede haber sido "no formalizarlo en los procedimientos administrativos ni justificar el interés público superior", ha reconocido el consejero, quien insiste en que este proyecto "lo tiene, y más cuando se llevan 140 millones de euros invertidos con todas las actuaciones, incluida la Declaración de Impacto Ambiental".

En resumen, desde el Gobierno de Aragón se piensa que la sentencia es "perfectamente subsanable" porque ese interés público superior "existe". Eso sí, "nos vamos a tener que esforzar más para demostrar lo que es evidente", ha sentenciado.

Por su parte, el presidente de la Junta de Usuarios del Jalón ha reconocido "inquietud" por la problemática derivada de la sentencia para un proyecto "fundamental" para una regulación del río Jalón que va a beneficiar "de forma directa e indirecta" a toda esta cuenca "con mucha población, intereses y demanda".

Lamata ha afirmado que, desde el día en que se conoció la sentencia, el secretario de la Junta está buscando "argumentos" para recurrir la decisión judicial por la vía de casación, además de convocar a una reunión telemática a toda la Junta para sacar adelante el recurso. "La margen derecha del Jalón, a la que pertenece esta Junta de Regantes, no tiene capacidad de regulación mientras que con el embalse pasarían de regular "del 45% a un noventa y muchos por cien", es decir, prácticamente la totalidad" del río.

El presidente de la Junta de Regantes ha subrayado la apuesta por la transición generacional que se está haciendo en la zona, pero ha advertido de que "la única forma" de que las nuevas generaciones se mantengan en sus explotaciones es una garantía de agua para poder regar. Entre 20.000 y 25.000 personas viven en esta zona "directa o indirectamente" de la agricultura, la "más competitiva" de la comunidad, y por eso ha anunciado su disposición "a luchar por nuestro valle, por Aragón y por España", ha recalcado Lamata, que ha recordado que son "codemandados en esta sentencia y podemos recurrir, aunque hay mucho que estudiar para motivarla bien", ha confirmado antes de anunciar que la UTE Mularroya también va a presentar recurso.

La construcción del pantano, cuyas obras ya están al 70%, comenzó en 2008, y en junio del 2009 la Audiencia Nacional anuló la declaración positiva de impacto ambiental y el proyecto de la presa, del azud y del trasvase entre los ríos Jalón y Grío. El Supremo ratificó la anulación de la Audiencia Nacional en 2013 y las obras se paralizaron. La misma Audiencia Nacional desestimó el recurso presentado por el Estado para continuar con las obras.

Pero en diciembre de 2014 el Consejo de Ministros declaró el interés público del pantano y seis meses después el Ministerio de Medio Ambiente emitió la declaración de impacto ambiental favorable y, un poco después, la resolución que permitió retomar las obras y que fue recurrida por las citadas organizaciones ecologistas, sobre el que se ha pronunciado ahora la Audiencia Nacional.