Aragón invirtió 3,8 millones de euros en el 2018 para atender a casi 27.000 asuntos de justicia gratuita, algo que supone un aumento de un 4,8% de la inversión con respecto al año pasado, si bien las intervenciones han sido también mayores.
Así lo destacó ayer el decano del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza y presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Consejo de la Abogacía Española, Antonio Morán, quien presentó los datos del XIII Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita de la Abogacía Española.
En el acto destacó que el acceso a la Justicia es un derecho básico y constitucional que comprende la asistencia jurídica gratuita de quienes carecen de recursos suficientes para litigar y se trata de un servicio público, cuya gestión está encomendada a la abogacía.
Según el estudio, en el plano aragonés, del total de servicios (turno de oficio, asistencia letrada y violencia de género), un 81,4% fueron prestados desde Zaragoza, un 13,9% desde Huesca y un 4,7% desde Teruel.
La inversión media por ciudadano es de 2,87 euros por año, mientras que el abogado de oficio recibe 128 euros por expediente, una cifra mucho menor que la que se percibe por los servicios privados.
Dentro del turno de oficio de Aragón, la jurisdicción que cuenta con más inversión es la penal, en la que el ciudadano necesita la defensa de un letrado obligatoriamente, y que supone 1,4 millones de euros. En España, la inversión total destinada por las administraciones alcanzó durante el 2018 los 269 millones de euros, lo cual supone un incremento del 10,6% con respecto al 2017, cuando se invirtieron 243,2 millones de euros.
La presión continua de la abogacía durante los últimos años ha sido la principal causa de esta subida, y por ello el Ministerio de Justicia desbloqueó los pagos atrasados del turno de oficio y anunció la actualización de un 30% de media de los baremos de la asistencia jurídica gratuita.
En este sentido, el decano zaragozano afirmó que la inversión es una cifra «nada excesiva», sino más bien «todo lo contrario», puesto que estos servicios se destinan a proteger a los ciudadanos que no tienen recursos económicos y también a otros que sí que pueden tenerlos, pero que están amparados por la ley.
Es el caso de violencia machista, de las víctimas de accidente de tráfico con una consideración de extrema gravedad, de las víctimas de terrorismo y de casos que derivan del ámbito laboral, explicó. De hecho, Morán destacó que en el transcurso de casi una década la cifra de inversión es muy similar, recuperando ahora los niveles del 2009. Durante 2018, los 83 colegios de abogados con presencia en toda España atendieron casi 1,9 millones de asuntos, lo que supone un incremento del 3,7% con respecto al 2017.
