El Gobierno de España se ha fijado como prioridad en materia de memoria histórica durante la actual legislatura la exhumación de fosas comunes, por lo que el primer paso será actualizar el mapa oficial, en el que faltan por consignar cientos de nichos ya localizados, y diseñar después planes cuatrienales para comenzar a abrirlos. Así quedó ayer consignado en un encuentro celebrado ayer en el Ministerio de Justicia con los representantes en la materia de todas las comunidades, excepto Cataluña. El director general de Relaciones Institucionales de la DGA, Julio Embid, junto con otros representantes autonómicos, reclamó además la creación de un banco de ADN conjunto de carácter «estatal» para la identificación de los cuerpos que salgan de las fosas.
La cita, en la que se avanzó una modificación de la la modificación de la ley de memoria histórica aprobada en el 2007, se confirmó que habrá «presupuesto» para afrontar los retos pendientes.
Desde la DGA recordaron que antes de final de año entrará en funcionamiento el nuevo Servicio de Memoria Democrática que se encargará de gestionar la conservación de los espacios históricos relacionados con la guerra vicil, un banco de ADN de represaliados propio, una web específica y el censo de los símbolos franquistas que se tendrán que suprimir de los espacios públicos. Además se espera que la ley autonómica se apruebe el próximo mes de octubre antes de su tramitación parlamentaria.
En nuevo servicio de memoria estará adscrito al departamento de Presidencia. Tendrá entre cinco y diez trabajadores en puestos que se cubrirán mediante un proceso de reestructuración interna, sin incrementar el gasto.
