El Juzgado de Instrucción número 9 de Zaragoza ha archivado la causa que investigaba desde marzo de este año sobre la presunta corrupción derivada de la adjudicación de las obras de reforma del vestíbulo del hospital Infantil de Zaragoza. Unas sospechas que, con la investigación interna de la DGA, ya motivaron la dimisión de la directora de Gestión del Sector II (el del hospital Miguel Servet) del Servicio Aragonés de Salud, Carmen Vicente, y por las que también estaba investigado judicialmente el gerente del sector, José Manuel Aldámiz-Echevarría. Pero ambos, y otros dos sospechosos, han quedado libres de sospecha judicial tras el archivo.

En realidad, el juez Eduardo López Causapé sí que veía indicios de irregularidad en la adjudicación de los trabajos. Pero la Fiscalía no compartió el criterio, y tras dictar el magistrado el auto de transformación en Procedimiento Abreviado y dar traslado al ministerio público para acusar, este instó el sobreseimiento. Y como recuerda el juez en el auto de archivo, en virtud del principio acusatorio, si ninguna acusación pide condenar, no se puede actuar. Y en esta causa solo estaba personado el fiscal.

La investigación judicial partió de un oficio del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional que, en marzo del año pasado, comunicó al juzgado que había una denuncia sobre este asunto y solicitó permiso judicial para investigar.

Tras las diligencias, el juez vio indicios de que, en septiembre del año pasado, la directora de Gestión y Servicios Generales de los Sectores I y II del Salud, Carmen Vicente, con conocimiento de su superior, el gerente José Manuel Aldámiz-Echevarría, concertó con un decorador, F. B. J., la remodelación del vestíbulo del hospital Infantil de Zaragoza.

En una reunión entre el decorador y la directora, con otras personas, F. B. J. expuso que los 150.000 euros a los que estaba limitado el presupuesto de ejecución de los trabajos le parecían poco, y la directora aceptó su propuesta de que algunas partes de la obra, como la remodelación de los baños, fuesen ejecutadas con órdenes de trabajo externas, aparte, instando la directora al decorador a que remitiese la memoria del proyecto a otro responsable para que elaborase los pliegos para la licitación.

En octubre, siempre según el auto de transformación del juez, Vicente propuso, y su jefe dispuso, iniciar el procedimiento administrativo de adjudicación, que fue negociado sin publicidad. Se basó en un pliego «totalmente coincidente» con la memoria del decorador.

PROPUESTA DISTINTA / Al proceso se invitó a concurrir a varias empresas, pero les enviaron criterios de adjudicación distintas de las del expediente, de forma que algunas no concurrieron por no tener tiempo de elaborar una memoria económica. Si concurrieron una empresa del decorador F. B. J., así como otra de su cuñado, el también investigado -ahora ya no- P. J. Z. S., al que el primero entregó «algo de dinero» por aquellas fechas, y una tercera empresa también relacionada con el decorador, que se acabó llevando la puja.

Este no solo ejecutó las obras licitadas sino otras cinco órdenes de trabajo por un valor de otros 40.800 euros, «para eludir la legislación vigente en materia de contratación pública, lo cual supuso un fraudulento incremento del presupuesto real».

El Fiscal consideró que los hechos pudieron constituir algún tipo de irregularidad administrativa, pero no delito, y los acusados, defendidos por Olga Oseira, Valentín Romero y José Enrique Cáncer, han sido exonerados.