La instrucción del caso pagarés, que investiga los sobrecostes millonarios en la construcción de 119 naves en Plaza, ya no está cerrada. La Audiencia Provincial de Zaragoza ha firmado un auto en el que obliga al titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, Francisco Picazo, a que reabra este proceso y acuerde practicar más pruebas indagatorias.
En concreto, insta al instructor a acordar una pericial económico contable sobre los movimientos de dinero y de patrimonio de los cuatro imputados: el exviceconsejero socialista de Obras Públicas, Carlos Escó; el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril; el constructor Agapito Iglesias, y el director técnico de la plataforma, Miguel Ángel Pérez Cervantes. Un análisis que solicitó en marzo la acusación popular, realizada por la abogada Irene Romea en nombre de UPD y a la que se adhirió la Fiscalía. En aquel momento, el juez Picazo la rechazó, a la vez que la tachaba de "inútil".
Incluso, ante la insistencia del ministerio público, este magistrado llegó a calificar su actitud de "machacona" porque "es obvio que el dinero no estará ingresado en una cuenta corriente con claridad y transparencia", tal y como adelantó este diario.
TESTIGOS
Asimismo, la Audiencia de Zaragoza también considera necesario que se tome declaración en calidad de testigos a unos técnicos propuestos por Ricardo García Becerril y Carlos Escó.
A pesar de ello, los magistrados de la Sección Sexta del tribunal provincial señalan que la instrucción realizada por Francisco Picazo puede considerarse "bien fundada y ajustada a derecho con las pruebas practicadas hasta el momento, por lo que no se puede decir que haya actuado arbitrariamente". "El celo puesto en la tramitación rápida de la causa no obedece más que a un plausible interés en plasmar el espíritu de la norma procesal frente a los denunciados que pretenden dilatar con todas argucias el procedimiento", recalcan en el auto.
De hecho, recrimina a los abogados defensores que "estas pruebas pudieron pedirse con anterioridad y que llama la atención que los imputados se adhieran a una investigación solicitada por una acusación".
Un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional remitido a este juzgado impulsó otra causa por blanqueo y alzamiento de bienes contra los imputados Escó e Iglesias. Los investigadores sospechan que ambos trasladaron divisas en sus viajes a Latinoamérica y Reino Unido.
