El exconcejal del Ayuntamiento de Zaragoza Antonio Becerril y el empresario muelano Carmelo Aured volverán en septiembre al banquillo de los acusados. Esta vez será en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), instancia ante la que interpusieron recurso por la sentencia condenatoria impuesta por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza tras declararles culpables un jurado popular.
Becerril, que fue condenado a seis meses de prisión, tres años de inhabilitación, uno de suspensión para cargos públicos y 1.800 euros de multa, mantiene que el tribunal popular erró en la valoración de las pruebas y que aplicó de manera incorrecta los tipos penales, ya que no hizo las labores de asesoramiento para la constructora Acciona porque las empresas de los amigos de Aured no lograron las adjudicaciones que pretendían.
La letrada del exedil, la penalista Cristina Ruiz-Galbe, también rechaza las grabaciones de conversaciones telefónicas en las que se basaron los miembros del jurado para su veredicto. Unos pinchazos' telefónicos derivados de la operación Molinos que ya pasaron por manos del TSJA. Fue el alto tribunal aragonés el que señaló que su inclusión en la causa suponía una "anomalía procesal", pero que no podía anularlos. En este mismo sentido se pronunció el magistrado que presidió el juicio, Alfonso Ballestín, aunque reconoció en su sentencia que el tribunal ciudadano hizo con ellas una valoración inductiva.
El abogado de Aured, César Ciriano, mantiene que la información sobre licitaciones que este dio a sus amigos empresarios estaba a disposición del público y que "no obtuvo ningún beneficio por sus gestiones porque ninguna de esas sociedades obtuvo contratas por las que estaba interesada".
En esta causa Aured fue condenado a seis meses de prisión.
