El Gobierno de Aragón ha manifestado nada más crearse el Consejo de Ministros su deseo de reunirse cuanto antes con el nuevo Ejecutivo central para negociar, de forma bilateral en la comisión mixta las infraestructuras y los asuntos pendientes con la comunidad. Al mismo tiempo, el presidente aragonés, Javier Lambán, reclamaba que cualquier negociación sobre la financiación autonómica (herramienta imprescindible porque son los recursos económicos que el Estado cede a las comunidades para prestar los servicios de su competencia), sea multilateral.
La exigencia es obvia, puesto que esos acuerdos se aprueban en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que reúne al Gobierno con las comunidades autónomas salvo Navarra y País Vasco. Ambos tienen Hacienda propia y negocian de forma independiente en virtud de una foralidad asumida desde hace décadas al tiempo que se niega al resto de comunidades, incluso a aquellas que, como Aragón, tienen en su Estatuto un artículo que permite establecer convenios financieros bilaterales con el Estado.
En cualquier caso, la exigencia de Lambán -a la que también se ha sumado el PP- cobraba sentido ante el recelo de que la esperada reforma de la financiación autonómica, vigente desde el 2009, se pueda saldar en otro tipo de negociaciones como consecuencia de los acuerdos alcanzados por el Gobierno con las formaciones políticas que apoyaron su investidura, en especial Compromís y ERC. Ambas formaciones representan al electorado de Cataluña y Valencia, dos comunidades que reclaman unos criterios para evaluar el reparto de fondos muy distintos a los que exigen las comunidades de interior.
El Gobierno de Aragón reclama bilateralidad para negociar infraestructuras y multilateralidad para la financiación, aunque parte con una desventaja plasmada en forma de ley: la de los correspondientes Estatutos de Autonomía. En el caso del catalán y el valenciano, se aprobó una fijación de las inversiones mediante un porcentaje concreto. El de Aragón fue menos ambicioso y simplemente se fijó que se «ponderen» determinados parámetros, como la dispersión, la orografía o el envejecimiento de la población.
No obstante, Aragón tiene mecanismos de bilateralidad con el Estado que se han puesto en marcha a partir del 2008, aunque con un éxito relativo. Tan solo se han celebrado ocho reuniones cuando se debían haber celebrado una veintena. Y los acuerdos, en escasas ocasiones se han concretado. Sí se da la paradoja de que en la penúltima de estas reuniones, la celebrada en junio del 2017, se acordó crear una comisión que estudiara -en virtud del Estatuto de Aragón- la opción de negociar un modelo bilateral de financiación. En un escenario de cohabitación: un Gobierno del PP en Madrid y uno del PSOE en Aragón. Este acuerdo no ha pasado, por el momento, de una firma en un papel.
Y no parece que en las circunstancias actuales se vaya a activar. Habrá que ver la habilidad negociadora de la nueva ministra de Política Territorial, la canaria Carolina Darias. Su nombramiento ha causado sorpresa y se corresponde más a cuestiones orgánicas del PSOE que a un conocimiento de las necesidades de las comunidades de la península.
Las distintas mesas de interlocución entre administraciones, no obstante, tienen un éxito relativo. Todos los dirigentes que han participado en ellas llegan a la conclusión -de que una conversación telefónica entre los presidentes o una reunión de tú a tú es más eficaz que todos estos órganos creados para que el Estado y las autonomías resuelvan sus cuitas. La experiencia así lo atestigua.
Los encuentros de Jordi Pujol con los sucesivos gobiernos de Felipe González y José María Aznar fueron especialmente fructíferos -ante la necesidad de sumar mayorías- para Cataluña. Algo similar sucedió con los lendakaris. Es lo que intentó hacer Mariano Rajoy con Artur Mas (sin ningún éxito) y lo que quiere hacer ahora Pedro Sánchez con Quim Torra. Lo que significa que no hay bilateralidad más eficaz que la que se realiza entre personas y no entre administraciones. Algo similar ha ocurrido con Teruel Existe. En dos reuniones ha habido más compromisos que en ocho bilaterales y otras tantas comisiones mixtas. Está por ver si se cumplen.
