La farmacia de Cariñena, una de las implicadas en la presunta red de exportación ilegal de medicamentos de la operación Convector, facturó 2,3 millones de euros entre el 2011 y el año pasado a uno de los almacenes pantalla implicados, Mateprix-Farma. En la cifra se incluyen tanto las ventas declaradas como las imputadas según los informes que el juez Jerónimo Cano requirió a la Agencia Tributaria. La cifra es superior al montante total de medicamentos exportados al extranjero que la Guardia Civil reveló recientemente, y que no alcanzaban los 1,5 millones.

Es uno de los datos que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel desveló en un auto por el que, desde hoy, levanta parcialmente el secreto de las actuaciones. Los imputados podrán conocer al menos la parte de la causa --que ya supera los 1.800 folios-- que les afecta.

En el mismo documento, el magistrado indica que no hay indicios de actuación delictiva, o directamente ninguna relación con el caso, en al menos tres de los cuatro almacenes mayoristas que los propios imputados habían nombrado durante los interrogatorios.

Así, en cuanto a Novaltia-Aragofar, el juez Cano subraya que limitaba las ventas a las farmacias turolenses porque "resulta ilógico" vender "una cantidad ingente" de medicina que no tendría salida en la venta al por menor. Sí tomará declaración como testigo a su antiguo jefe de compras, para esclarecer algunas cuestiones sobre la mecánica de la distribución inversa --el sistema que usaba la trama-- a la que aludieron algunos imputados.

Tampoco ve pruebas de la implicación de Fedefarma, más allá de proveer a las boticas turolenses, ni de Cofares, que suministró pocos medicamentos.

COMERCIAL

Según expone el instructor, las sospechas sobre esta última entidad las podría haber despertado un comercial de la competencia, de forma "desafortunada y poco ética".

Otro de estos viajantes, Gonzalo J. D. L. I., se convierte para el juez en el "problema" de otro de los distribuidores nombrados, Alliance Healthcare. Al parecer el vendedor "alardeaba" de conocer la mecánica de la distribución inversa e implicaba a su empresa, "llegando a jactarse" de que usar almacenes intermedios, llamados pantalla. Uno de ellos sería Mateprix-Farma, al que el boticario de Cariñena, Manuel Montero habría facturado las ventas.

También la farmacia del municipio zaragozano de Aguilón habría adquirido producto a Alliance y vendido a esta entidad y a Disfarco, otro de los presuntos proveedores intermedios. Y a su vez las medicinas retornarían "al almacén mayorista primigenio".

El juez expone que de quedar probado este círculo se causaría un grave perjuicio a los laboratorios, al Salud y a los pacientes.