La Universidad de Zaragoza va a pedir al Gobierno de Aragón más dinero, a través de la financiación básica, para poder reducir así la deuda de la institución académica, que asciende actualmente a 11 millones de euros. Así lo expusieron ayer la vicerrectora de Economía, Margarita Labrador, y el gerente del campus público, Alberto Gil, durante el balance de gestión económica.

Aunque la Universidad de Zaragoza ha logrado un ahorro de 27 millones de euros entre la disminución de costes y el aumento en la captación de fondos, todavía hay una deuda de 11 millones. «Gracias al plan de financiación de la DGA pudimos optimizar los resultados, pero es mejorable, por supuesto. Vamos a intentar negociar con el nuevo equipo de Gobierno que entre, tras las elecciones, otro plan a partir del 2020», explicaron.

Así, la intención del campus es hablar con todos los grupos parlamentarios para saber sus intenciones. El plan de financiación actual cumplirá en el 2021, pero «la universidad debe tener otro que mejore», insistieron Labrador y Gil, que indicaron que Aragón está «por debajo de la media» en cuanto a financiación pública.

«El modelo basado en costes es bueno, está dentro de la normativa, pero esa financiación cubre docencia e infraestructuras. Sin embargo, hay otros conceptos que sería bueno que también sufragara la partida autonómica», indicó Labrador.

El balance de gestión se hizo con motivo de la celebración, en el Paraninfo, de una reunión de la mayoría de los responsables económicos de las universidades públicas del país. Durante el acto se intercambiaron experiencias y buenas prácticas en materia económica.

Mejoras / El presupuesto de la Universidad de Zaragoza procede en un 66,9% del Gobierno de Aragón, en un 22% de tasas y el resto, entre otros, de empresas.

El campus aragonés es, junto a la Universidad de Santiago de Compostela, la «única» que ofrece «un cálculo exacto del coste de cada una de sus actividades a través de la contabilidad analítica», expuso el gerente Gil. La institución aragonesa lo realiza desde el 2008 y fue pionera en ponerlo en marcha en el país.

Para lograr el ahorro, la universidad puso en marcha medidas de contención de gasto. Entre ellas destaca la fórmula de la compra centralizada de electricidad, junto a otras universidades, que ha permitido un ahorro de 10%. También se hacen inspecciones de agua con el fin de reducir fugas y pérdidas en algunos edificios, así como actos de naturaleza social como la exigencia de que la energía eléctrica que consume proceda de fuentes renovables.

Respecto al gasto corriente, «las nóminas son sagradas», dijeron los responsables de las cuentas, que precisaron que «lo que más caído» es la financiación en inversiones.

«Es lo que más cuesta. También es cierto que el modelo recuperado con la DGA nos ha permitido tener una senda de transferencia y, en ella, asumir la obra de reforma de la Facultad de Filosofía y Letras», apuntaron.