Finalmente, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) pasará a gestionar, a partir del próximo mes de enero, el Centro de Observación y Acogida (COA) de menores de Zaragoza, en Torrero. Así lo confirmó ayer el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Ricardo Oliván, que justificó la decisión como la mejor alternativa después de que la adjudicataria --la Fundación para la Atención Integral del Menor (FAIM)--no haya presentado la documentación pertinente para formalizar su continuidad en la gestión por no asumir las condiciones expuestas en los pliegos.

De este modo, la DGA apuesta por hacerse cargo de esta función a través de recursos propios, lo que, según Oliván, supondrá un coste añadido para el departamento de apenas 10.000 euros, como consecuencia de los salarios de los funcionarios o estatutarios, que saldrán de las lista de la bolsa de empleo de educadores interinos --integrada actualmente por 129 personas--. 26 de ellos serán los que pasarán a trabajar, a partir de enero, en el COA, lo que supondrá que los trabajadores de la FAIM, que pertenece a la Fundación Rey Ardid, y que hasta ahora ejercían esa función dejarán de hacerlo en los próximos días.

Sanidad ha tomado esta determinación tras haber descartado la elaboración de un nuevo concurso y de negociar con FAIM, que había presentado una licitación a la baja, del 7,5% menos. "Eso supondría perjudicar a las entidades que no se han presentado y los consiguiente recursos",.indicó Oliván, que, sin embargo, no descartó un nuevo concurso aunque no a corto plazo. "Veremos primero cómo funciona esta fórmula", apuntó sobre la gestión a cargo del IASS.

Por su parte, los educadores del COA acusaron a la DGA de emprender "represalias" contra ellos y de tratar de "reventar la huelga". Además, recordaron que en el 2000 "ya se utilizo el modelo que el IASS quiere implantar, con resultados dramáticos" y advirtieron a la consejería de que la propuesta de gestión directa "podría suponer la absorción de los trabajadores actuales por parte la Administración".

En este sentido, apelaron al convenio, el estatuto de los trabajadores y sentencias de tribunales europeos que "obligan a subrogar a los trabajadores que trabajan en un centro como el COA cuando la Administración asume directamente la gestión del mismo".