El diputado de CHA por la Izquierda de Aragón, Chesús Yuste, reclama un periodo transitorio para que los autónomos puedan presentar sus autoliquidaciones y declaraciones tributarias tanto por vía electrónica, a través de internet, como en papel, sistema al que recurrían 250.000 trabajadores.
En una nota de prensa, Yuste advierte del "enorme problema" que ha supuesto para miles de trabajadores la obligatoriedad de presentar esta documentación por internet, por lo que pide un periodo transitorio consensuado con colectivos y organizaciones afectados y no sancione a quienes no han podido hacerlo en el plazo ordinario, que concluyó ayer.
"Hay que tener en cuenta que el problema, si no se adoptan medidas, continuará durante este año cuando vayan cumpliéndose los plazos marcados para las diferentes tramitaciones por la Agencia Tributaria", subraya el diputado de CHA.
Este diputado reconoce que la vía electrónica en los trámites con la administración pública es el objetivo final, por agilidad, rapidez y por un consumo medio ambientalmente responsable.
Sin embargo, critica que la forma generalizada e "indiscriminada" adoptada por el Gobierno para estas tramitaciones "supone un problema de adaptación para usuarios que no pueden hacer uso de ellas, sean profesionales o ciudadanos".
El motivo, advierte Yuste, es que "no todo el mundo tiene disponibilidad de material informático, ni conocimientos suficientes como para realizar esta tramitación exclusivamente por internet".
Yuste pedirá al Gobierno que establezca una negociación con colectivos y representantes de estos colectivos sobre cuál sería el mejor modo y manera para lograr esta tramitación pero si tantas afecciones como se ha provocado actualmente.
El diputado señala que, según sindicatos y organizaciones, a los autónomos se les puede imponer una sanción de 1.500 euros en caso de que no puedan adaptarse de manera inmediata a los nuevos procedimientos establecido.
Recuerda que el propio Colegio de Abogados de Zaragoza ha presentado un escrito ante el Justicia de Aragón para su tramitación al Defensor del Pueblo sobre este misma reclamación, tras un acuerdo de la Junta de Gobierno.
