El Ayuntamiento de Zaragoza reclamará al Gobierno de Aragón por la vía judicial la deuda de las obras del tranvía. Se trata de un rifirrafe entre ambas instituciones que se arrastra desde la etapa de Rudi y que, finalmente, lo resolverá el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). El consistorio reclama 39 millones y la DGA solo está dispuesta a abonar 8,7.
El Gobierno de la ciudad decidió ayer recurrir la liquidación de la deuda del Urbos 3 aprobada «unilateralmente» por el Ejecutivo de Lambán, y que rebaja la cuantía hasta los 8,7 millones. Según el portavoz de ZeC, Fernando Rivarés, se mantiene abierta la vía de la negociación pero, teniendo en cuenta que el plazo legal para recurrir la liquidación finaliza el próximo martes, han decidido acudir a los tribunales.
Según el portavoz, los servicios jurídicos municipales consideran que la decisión de la DGA de reducir la cifra hasta los 8,7 millones es «nula desde el punto de vista legal» ya que rompe un convenio que regulaba la subvención de capital con la que el Ejecutivo autonómico se había comprometido a cofinanciar la construcción de la línea Valdespartera-Parque Goya y que firmaron en el 2009. «Hay un acuerdo que firmaron ambas partes, no es legal que lo rompan ahora», puntualizó.
DIÁLOGO
Además de por una cuestión oficial, el portavoz añadió que se trata de «sentido común, justicia social y de defensa de los intereses de los zaragozanos». «Seguimos pensando en el diálogo como resolución de conflictos», explicó, por lo que aseguró que, en caso de que se acerquen las posturas, retirarán el recurso. «Si se llega a un acuerdo, fin del conflicto, y si no, al tribunal», sentenció.
El Ejecutivo de Lambán aprobó el pasado mes de noviembre pagar solo 8,7 millones de los 39 que se reclaman, cantidad que todavía no ha abonado. Esgrimía que no se incluyó en la factura, entre otras cuestiones, el coste de los convoyes.
El consejero de Hacienda y anterior responsable de Economía del consistorio, Fernando Gimeno, comenzó ofreciendo 7,9 millones para pasar a 8,7, al incluir en sus cálculos los trabajos de electrificación que, hasta entonces, no se habían tenido en cuenta. Para el ayuntamiento resulta curioso que Gimeno, durante su etapa como responsable de las arcas municipales reclamó con insistencia al Gobierno de Rudi los 39 millones que ahora se niega a pagar, algo que le han reprochado en reiteradas ocasiones.
Las relaciones entre DGA y ayuntamiento no pasan por su mejor momento, en realidad han tenido pocos buenos, que han sido espontáneos. Al enfretamiento surgido por el Impuesto de Contaminación de Aguas (ICA), se une ahora un litigio judicial.
