Necso Entrecanales y Mariano López Navarro, que acumulan juntos o por separado la mayor parte de las obras municipales y autonómicas en Zaragoza, reclaman al consistorio de la capital aragonesa una indemnización de 6,7 millones de euros (1.120 millones de pesetas) en concepto de daños por la supresión del aparcamiento subterráneo que incluía en principio la reciente reforma del paseo Independencia.

Ambas empresas se hicieron con la adjudicación de la obra en diciembre del 2001 por 10,8 millones de euros y en octubre del 2002 aceptaron un nuevo proyecto que anulaba el párking, ante la aparición en el subsuelo del antiguo arrabal medieval de los Sinhaya. El coste revisado aumentó hasta los 13 millones de euros. Las contratistas, sin embargo, se reservaron el derecho a exigir indemnizaciones en los tribunales, y piden ahora una compensación millonaria al municipio por lo que dejaron de ganar con la construcción y explotación del aparcamiento.

NEGATIVA La Junta de Gobierno municipal desestimó ayer la reclamación; según el servicio de Contratación y Patrimonio, la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas establece que "en caso de supresión o reducción de obras, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna". Fuentes del Gobierno municipal añadieron que la empresa aceptó en su día la modificación del proyecto, propuesto "por razones de interés público".

Los cambios en la reforma de Independencia se realizaron a raíz del descubrimiento de los restos medievales en el lugar donde debía excavarse un gran estacionamiento subterráneo de más de mil plazas. El ayuntamiento se vio obligado a modificar su idea inicial ante la resolución de Patrimonio de la DGA, que impuso la conservación del arrabal.

Según la idea inicial, el párking no suponía coste alguno para el consistorio; las adjudicatarias de la reforma del paseo debían construirlo con fondos propios, y rentabilizarían después la inversión explotándolo durante 50 años.

Cuando se decidió la anulación de estacionamiento en junio del 2002, el entonces alcalde, José Atarés, vaticinó que el presupuesto inicial no se incrementaría. "Al contrario --manifestó-- tengo la impresión de que en este caso puede haber un ahorro".

Según el expediente municipal, los 6,7 millones de euros se reclaman por daños y perjuicios "causados por el desistimiento por parte de la Administración del contrato para la construcción y explotación del aparcamiento" y también por "sobrecostes incurridos en las obras de remodelación de plaza España, Independencia y plaza Aragón".

Fuentes municipales indicaron ayer que esta petición de indemnización puede ser una respuesta por la negativa municipal a pagar los citados sobrecostes del paseo, que suponen una cifra más modesta.