El Pleno de las Cortes ha aprobado hoy admitir a trámite el proyecto de Ley de Apoyo a las Familias de Aragón, al no salir adelante las tres enmiendas de devolución presentadas por PSOE, CHA e IU, quienes han lamentado que el texto no recoja la realidad de los nuevos modelos de familia.

El PP y el PAR han votado en contra de las enmiendas presentadas por la oposición, cuyas portavoces han lamentado, además, que el texto no da respuesta a las necesidades de las familias más vulnerables, no fomenta la conciliación y se basa en una concepción de familia "arcaica y antigua".

Según el consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Ricardo Oliván, la ley tiene cuatro objetivos fundamentales: reconocer a la familia como estructura básica de la sociedad y el ámbito natural de desarrollo personal; establecer un marco legal para políticas integrales de apoyo; fijar medidas de protección, y sentar las bases sobre las que ejercer estas medidas.

Ha insistido en el carácter transversal de las medidas que fija la ley y en su intención de convertir a las familias en el foco de atención e impacto de todas las políticas sociales y económicas del Gobierno, poniendo mayor atención, ha dicho Oliván, en las que tienen especial riesgo de vulnerabilidad.

La ley, según su exposición de motivos, comporta una redistribución de reconocimientos y responsabilidades entre las familias y las instituciones, a través de acciones positivas que "garanticen el desarrollo coordinado, integral e integrado de las políticas de atención y protección".

A este respecto, la diputada socialista María Victoria Broto ha asegurado que la familia no puede ser subsidiaria "ni asumir las competencias que son responsabilidad del Estado".

"No se puede dejar en sus manos" estas políticas porque eso supone hacer "dejación de responsabilidades" y, además, es un elemento de "desigualdad social", ha apuntado.

Ha dudado que la ley vaya a solucionar, además, los problemas de las más de 40.000 familias con todos sus miembros en paro, de las más de 15.000 que no reciben ningún ingreso o del 32 por ciento de los pensionistas que tienen que ayudar a sus familias a sobrevivir.

Por CHA, Carmen Martínez también ha considerado que la ley no da "ni por asomo" respuesta a las necesidades más básicas de las familias, no recoge "compromiso alguno" y no incluye "ni plazos ni partidas", a lo que el diputado del PAR Manuel Blasco ha replicado que el texto, que remite a desarrollos reglamentarios posteriores, no es una ley de subvenciones, de servicios sociales ni de presupuestos, sino de apoyo integral, y por eso no puede ser tan específica.

Martínez, como la portavoz de IU, Patricia Luquin, ha lamentado que la ley no plasme la diversidad de modelos familiares actuales, porque el Gobierno no ha querido "expresamente" que éstos se recojan en el texto.

Luquin ha dicho que lo que no se visibiliza y no se nombra, como estos nuevos modelos de familia, "no existe", y el texto, que es "trasnochado" y "más propio del siglo XX que del XXI".

Ha agregado que además de reconocer los derechos, hay que "poner instrumentos para que se puedan ejercer", y ha advertido de que "no se puede legislar sin recoger la diversidad y sin que todo el mundo se sienta reflejado" en las leyes.

Blasco, no obstante, ha recordado que en la exposición de motivos ya se hace una referencia específica a la "multiplicidad de modelos familiares que han superado el sólido monopolio de la llamada familia tradicional", expresión en la que, a su juicio, ya se hace un reconocimiento expreso de "todas" las familias.

Finalmente, la popular Carmen Susín ha insistido en que el texto legal garantiza que todas las políticas familiares quedan integradas en una norma de mayor rango y con carácter transversal y en la que todos los tipos de familias están amparadas "sin discriminación".