Los desahucios practicados en Aragón aumentaron un 3% el año pasado, al pasar de 1.723 a 1.789, según los datos recogidos en el informe trimestral de Efectos de la Crisis del Consejo General del Poder Judicial. Un ligero aumento que pone de relieve que el problema de los desalojos sigue existiendo, al tiempo que ahonda en la tendencia de que el casero expulsa al inquilino más que el banco al hipotecado. Concretamente fueron 1.070 desahucios amparados por la ley de alquiler, frente a 659 ejecuciones hipotecarias por impago.
Los informes del Poder Judicial son un tanto confusos en tanto en cuanto recogen en diversos epígrafes los desahucios presentados, los ejecutados, los recibidos y los efectivamente efectuados. En cualquier caso, en los presentados recogen una llamativa caída de las ejecuciones instadas por los bancos, que se desplomaron más de un 50%, al caer de 1.218 en el 2016 a 606 en todo el año pasado. Habrá quien vea mejora económica o concienciación bancaria, y quien lo atribuya a que cada vez queda menos clientela por expulsar.
En cuanto a los lanzamientos (término que agrupa a desahucios y ejecuciones hipotecarias) con cumplimiento positivo -valga decir, efectivamente efectuados-, descendieron ligeramente, un 4,9%, al bajar de los 1.236 realizados en el 2016 a 1.176. Aun así la cifra es superior a casi todos los años precedentes (salvo el periodo entre el 2010 y el 2012, en pleno estallido de la burbuja inmobiliaria) y supone que cada día más de tres familias se fueron a la calle al día, por no pagar a su casero o al banco.
