La emergencia sanitaria provocada por la propagación de la enfermedad del coronavirus ha desencadenado una crisis económica de una importancia difícil de calibrar, pero que golpea ya especialmente al grupo de edad más numeroso y vulnerable, el de los mayores de 55 años.
En Aragón, este colectivo está compuesto por 17.702 personas, lo que representa el 26,7% del desempleo total y significa que uno de cada cuatro parados tiene entre 55 y 64 años, según datos del Instituto Aragonés de Estadísticas (IAE) . De hecho, el grupo de edad con mayor número de integrantes sin trabajo es el compredido entre 55 y 59 años, exactamente 9.118 aragoneses de ambos sexos.
Pero en este aspecto de la vida laboral no se guarda un equilibrio entre hombres y mujeres, puesto que las segundas se ven mucho más afectadas, hasta el punto de representar el 60% del total de ciudadanos en situación de desempleo. Así, hay en paro en la actualidad 7.040 hombres y 10.662 mujeres a partir de los 55 años, según la misma fuente.
Aragón ha ido rebajando paulatinamente los niveles de empleo de la comunidad, que en los años más duros de la recesión, entorno al 2009, 2010 y 2011 sumaban en torno a 100.000 personas, un número que ha ido reduciéndose hasta los 66.971 desempleados actuales.
La buena marcha de la economía de la comunidad iba absorbiendo hasta la fecha la enorme bolsa de paro, pero sindicatos como UGT Aragón y CCOO Aragón temen que estos logros se vean comprometidos con la crisis que se vislumbra una vez termine el estado de alerta, que ha llevado a numerosas empresas a realizar expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).
"Se puede producir una crisis como la del 2008 e incluso peor", advierte Antonio Jiménez, secretario general de la unión comarcal de CCOO en Andorra, en la provincia de Teruel, una zona de Aragón castigada desde hace varias décadas por el retroceso de la minería basada en el carbón y, en fechas recientes, por el anuncio del cierre de la central térmica de Andorra, prevista para el próximo mes de junio.
"Ahora la posibilidad de encontrar empleo se va a complicar todavía más para el colectivo de los mayores de 54 o 55 años que ya estaban en paro", apunta Jiménez que advierte de que, si no se toman medidas para fomentar la creación de puestos de trabajo y preservar los existentes, "habrá gente que se irá quedando atrás".
Su situación es más desesperada que la de los trabajadores que son objeto ahora de ERTE, dado que estos preservan íntegramente su derecho a la prestación por desempleo.
Y, por otro lado, las ayudas sociales destinadas a quienes consumen su subsidio al agotar el plazo máximo de permanencia en el paro, situadas en torno a los 400 euros mensuales, resultan insuficientes para vivir dignamente. De ahí que la situación de los parados de larga duración mayores de 55 años sea ya el gran reto al que se enfrentará España cuando supere el coronavirus.
Javier Peña, de Portal Parados, propone fijar ya una renta social mínima
El principal problema lo tienen los ciudadanos que no reciben en la actualidad subsidio de desempleo, apunta Javier Peña, que dirige Portal Parados, un diario digital que se propone orientar a las personas que están desempleadas.
"Entre las medidas del coronavirus figura la de que a los mayores de 52 años que cobran subsidio este se les renovará automáticamente si se cumplen las condiciones fijadas, pero ¿qué pasa con quienes no recibían ningún subsidio antes de la crisis?", se pregunta Peña.
En esta circunstancia se encuentran personas que no han cotizado lo suficiente, los autónomos que ya no ejercen su actividad…”, explica. “Para ellos la situación es muy desesperada”.
Desde su punto de vista, se trataría de habilitar ayudas especiales para quienes se quedan fuera, entre los que figuran colectivos como las empleadas de hogar e incluso los menores de 54 años que han agotado los subsidios. Para estos grupos “no hay nada previsto”.
De ahí que, desde su punto de vista, la mejor solución sea fijar una renta social mínima que actúe como red protectora para los parados que no reciben ningún tipo de ayuda.
Peña, que habla con la experiencia que le da llevar 11 años al frente del Portal Parados, señala que también están atravesando una circunstancia muy difícil los trabajadores denominados fijos discontinuos.
Son personas que, de no haber ocurrido la alerta del coronavirus, se incorporarían normalmente a sus puestos de trabajo el próximo 1 de abril y que ahora, sin embargo, “están colgados”.
“No son solo los que trabajan en la costa en la temporada veraniega, sino también los que están relacionados con empleos turísticos en el interior, en ciudades como Madrid o Zaragoza, o en zonas de gran atracción de visitantes como el Pirineo”, explica
A esto fijos discontinuos, apunta, se les produce un daño tremendo desde el punto de vista laboral, máxime si tienen más de 54 años, dado que la readaptación puede resultar más difícil cuando se ha rebasado determinada edad.
Las dudas más frecuentes
Desde que empezó la crisis del Corononavirus, Portal Parados registra un importante incremento de las consultas. “La mayor parte de los que se ponen en contacto con nosotros se interesan por los trámites que deben realizar ante el Servicio Público de Empleo Estata (SEPE)”, señala Peña.
Otras muchas preguntas están motivadas por el miedo a perder el subsidio, precisa, y por el procedimiento de los expedientes de regulación temporal del empleo (ERTE). El hecho de que determinadas oficinas públicas hayan cerrado ha creado una gran confusión, afirma.
“Cuando todo pase, me volverán a contratar”, dice Rita, una cuidadora venezolana de 58 años
Rita Iulianietti, de 58 años, llegó a España con su familia, procedente de Venezuela, en el año 2016. Venía con su título de psicopedagoga y dos posgrados, expulsada por “la pésima situación” que vive su país, y encontró trabajo como cuidadora y empleada del hogar en varias casas de Zaragoza.
Había conseguido rehacer su vida en Aragón cuando la sorprendió la crisis sanitaria del coronavirus y se quedó sin empleo de la noche a la mañana. Dos de sus tres empleadoras, unas señoras mayores, le aseguraron que volverían a necesitar sus servicios en cuanto termine el periodo de confinamiento y le dieron garantías de que la llamarían otra vez. No fue un adiós sino un hasta la vista y Rita se muestra confiada.
“Las señoras para las que trabajaba me dijeron que me volverían a contratar y estoy segura de que así será, pues ellas están contentas conmigo y yo lo estoy con ellas, era una relación laboral satisfactoria para ambas partes”, asegura Rita.
A Rita, a su marido (que también es titulado universitario) y a sus dos hijos el confinamiento forzado del coronavirus les ha cogido en España. Y están convencidos de que aquí la pandemia se resolverá antes que en Venezuela. Por eso, como dice la cuidadora, se sienten “afortunados”. “Con la terrible dictadura que padece mi país, donde los servicios básicos no funcionan, el efecto del covid-19 será terrible”, asegura Rita. “Si antes moría la gente de hambre, imagina ahora”, dice.
En España, cree, el coronavirus será derrotado a largo plazo, “y todo volverá a la normalidad”. En realidad, ella ha perdido el trabajo por culpa del virus, como tantas personas. “Las señoras me dijeron había que hacer todo lo posible para evitar el contagio”, señala la empleada del hogar, que posee un pasaporte de la Comunidad Europea porque, al igual que los de su esposo, sus padres nacieron en el continente.
Rita es optimista, está contenta del trato recibido de los españoles, y está convencida de que saldremos de esta y de que volverá a ser como antes.
Antonio Ramo, afectado por un ERTE en las Cuencas Mineras
Antonio Ramo, de 49 años, es uno de los numerosos trabajadores a los que el coronavirus ha dejado en el paro con la aplicación de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). Trabaja en Draxton, una fábrica de piezas para automoción radicada en Utrillas.
No es un caso aislado. «La empresa ha pasado de tener 200 trabajadores a solo 24, dedicados a sacar las existencias», explica. Ramo sabe que volverá a su puesto de trabajo cuando termine el estado de alerta. Y también que la crisis que se avecina será especialmente dura con los mayores de 50 años.
«Habrá gente que irá al paro de forma permanente», subraya. Sabe de lo que habla, pues vive en una zona que desde los años 70 ha sufrido el declive de la minería, que solo pudo contener en parte la implantación de Casting Ros.
Esta empresa, a su vez, entró en crisis hasta su adquisición por parte de Draxton, pero quedan lejos los tiempos de su apogeo, cuando llegó a contar con 535 trabajadores, allá por 1997. Ahora, Draxton, que es una multinacional mejicana, trata de diversificar su producción fabricando piezas para camiones.
Las Cuencias Mineras y, en general el centro y el noreste de la provincia de Teruel, se han visto golpeadas por una sucesión de crisis, desde la de la minería hasta la del carbón, que ha supuesto el cierre de la central térmica de Andorra el próximo mes de junio.
"Hay empresas que aguantan, como Espuña y Fertinagro, pero lo cierto es que las Cuencas Mineras han sufrido un bajón exagerado", lamenta Ramo. "Somos sin duda una de las comarcas más castigadas de Aragón", señala el trabajador de Draxton, que pide "todo el apoyo posible de las administraciones" para dejar atrás esta difícil situación.
