Al presidente Pedro Sánchez se le complican las cosas. Si hasta ahora han sido las comunidades autónomas las que han alzado la voz para exigir el IVA del 2017 que les adeuda el Estado, ahora empiezan a hacer lo propio los ayuntamientos, como el de Zaragoza, que también está dispuesto a acudir por la vía judicial para reclamar lo que es suyo. Un tira y afloja que está sorteando como puede la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que ayer dejó claro que con ella las «amenazas» no funcionan y que no va a ceder.

Hace solo un mes que Sánchez tomó posesión de su cargo y ya tiene sobre la mesa varias cartas de líderes políticos (también de su partido) reclamándole una millonada, que en el caso de Aragón asciende a 80 millones y en el de Zaragoza ronda los seis. Por si fuera poco el cruce de mensajes y advertencias que se está produciendo entre miembros del PSOE, el PP ha aprovechado la coyuntura para entrar en la batalla. En Aragón lo ha hecho el presidente del PP autonómico, Luis María Beamonte, que acusó a Lambán de «llegar tarde» en su reclamación. Una acusación que ha coincidido con el anuncio del alcalde zaragozano, el popular Jorge Azcón, de que seguirá los mismos pasos del socialista y elegir la vía judicial.

ENTES LOCALES / Según el primer edil, el Estado adeuda a los ayuntamientos alrededor de 700 millones. «Es dinero que se nos debe, y desde hace tiempo, y se estudiará reclamar judicialmente lo que es justo para el Ayuntamiento de Zaragoza», ha dicho el alcalde no sin antes exigir a la ministra que convoque la Comisión Nacional de Administración Local «para que escuchen a los consistorios, se nos pague lo que se debe y se nos de la información que requerimos para manejar las cuentas, en concreto las de Zaragoza, que está especialmente endeudada».

El primer edil ha avisaba mientras Montero decía que en Madrid que las advertencias recibidas desde distintas comunidades no le han gustado nada. «El ministerio de Hacienda no puede responder en base a amenazas» asegura, tras afirmar que solo actuará siguiendo «criterios justos». Sin embargo, el concepto de justicia no es el mismo en Madrid que en el territorio porque tanto Lambán como Azcón coinciden en que es una «cuestión de justicia» que el Gobierno de España salde la deuda contraída con las Administraciones locales.

El presidente de Aragón ha tardado en responder a la ministra asegurando que si el Gobierno de Sánchez no actúa se evidenciará «un problema muy serio» que no solo será económico, sino de «confianza y de lealtad» entre el Estado y las comunidades.

El secretario general del PSOE en Aragón le ha dado 15 días al Ministerio de Hacienda para que mueva ficha, como también hizo el castellano-manchego Emiliano García-Page, además de Galicia, Andalucía, Murcia y Castilla-León.

Además, el socialista se ha aventurado a decir que Montero habría hecho lo mismo durante su etapa al frente de la consejería de Hacienda en el Gobierno andaluz. «Defendería su IVA de manera encarnizada como lo estamos haciendo nosotros». Porque, como dice el presidente, «no hay un solo argumento político y jurídico» para no recibir los 80 millones que reclama.

Según Montero, el Gobierno intentó compensar el desajuste con la recaudación del IVA del 2017 en los presupuestos del 2019. Como el pasado ejercicio no se aprobaron las cuentas dice que ahora «no es posible» acometer los cambios en la gestión de los impuestos y que lo único que pueden hacer es estudiar «medida paliativas», de las que nada se sabe y que no convencen. En una entrevista en Antena 3, ha dicho que hay abordar los impuestos cedidos como el de sucesiones o patrimonio en el marco de la reforma de la financiación autonómica para evitar «una competencia desleal».

Las comunidades piden lo suyo

La comunidad aragonesa y el ayuntamiento de la capital zaragozana no son las únicas administraciones que recurrirán a la vía judicial para forzar al Estado el pago del IVA del 2017.

La Junta de Castilla-La Mancha también denunciará al Gobierno de Pedro Sánchez. El plazo que le dio García-Page para aclarar cómo se realizará la devolución de lo adeudado finalizó este martes, por lo que es cuestión de días que presente los recursos jurídicos «que haya lugar». «Ojalá que en el discurso de la discusión jurídica pueda haber entendimiento y ojalá lo haya con todos. Me molestaría que se pagara el IVA a comunidades porque lo pida un diputado o porque se le antoje a los independentistas. Sería un golpe moral», ha declarado el presidente socialista de Castilla-La Mancha.

También la Junta de Extremadura pedirá de nuevo al Gobierno, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de mañana, la devolución de la parte que le corresponde, que cifra en 86 millones, y en función de la respuesta, procederá a la reclamación por «la vía jurídica» que entienda oportuna. Para la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, se puede hacer, a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2020 aunque puede haber otros mecanismos.

Para el consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, lo que necesitan las comunidades como la suya no son «medidas paliativas» sino «curativas».

Desde Andalucía, el consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, ha acusado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de ser «una roca dura» con su comunidad mientras que con Cataluña «muy blandita».