La reciente presentación de la ejecución presupuestaria del Gobierno de Aragón señala los errores de la política de los gobiernos central y autonómico. El déficit previsto supera los márgenes autorizados y aceptados por el gobierno regional. Es el fracaso de la economía y de la hacienda: una actividad económica que no crece ( 0,2% del PIB cuarto trimestre 2013) y una gestión presupuestaria deficiente. Las políticas de ajuste inevitablemente tienen un coste en el crecimiento económico que termina por afectar a los ingresos públicos. En economía existe lo que se llama el multiplicador fiscal, que supone que los recortes del gasto, estimulan la actividad del sector privado al disponer de más fondos e impulsa la economía. Pues bien, este multiplicador fiscal en esta crisis tiene un comportamiento negativo: se recorta el gasto y se crece menos, caen los ingresos y aumenta el déficit. Aún así, la presidenta informó que la ejecución de los ingresos se había ajustado en un alto porcentaje a lo previsto. Entonces el problema viene por los gastos. Sin embargo, el seguimiento impuesto por el Ministerio de Hacienda y el que estableciera el propio gobierno regional debería haberlo previsto. Y se ha cumplido lo que se avisaba: íbamos a incumplir el compromiso.

Algunas entidades privadas (http://www.bbvaresearch.com/K

ETD/fbin/mult/131024Situacion

AragonAPDZaragozaMCtcm346-

406963.pdf) eran también atrevidamente optimistas. Aventuraban que la crisis había tocado fondo en el 2013 y que se crecería en el 2014 "gracias a un menor esfuerzo fiscal y a una demanda exterior sólida".

Pues bien, si grave es constatar el fracaso de un gestor en la consecución de sus objetivos, las consecuencias pueden ser todavía peores. La primera sería que coloca a nuestra región entre las incumplidoras en materia presupuestaria cuando siempre nos habíamos caracterizado por nuestra seriedad, con unas compañías que dejan bastante que desear en la gestión pública. Seguramente no tendremos penalización en los mercados financieros pero en estos asuntos, mejor sin tachas. La segunda consecuencia deriva del esfuerzo presupuestario adicional que tendrá que hacer nuestra comunidad con implicaciones negativas, una vez más, para la recuperación económica y para aliviar el desempleo.

A esto habría que añadir, la asunción de servicios derivados de la aplicación de la ley de sostenibilidad de las haciendas locales (competencias impropias), las deudas con instituciones como ayuntamientos o la universidad y otras entidades y el anticipado cierre presupuestario en fechas más que holgadas. Desde mis tiempos de facultad los criterios contables han podido evolucionar y no sé si para las cuestiones anteriores son aplicables los principios de devengo o de caja pero la presidenta, contable de profesión, lo sabrá. Nos gustaría conocerlo y, sobre todo, que la próxima vez acierte.