David Monforte Fleta ha sido condenado a cuatro años y medio de prisión por el fraude en subvenciones y la falsedad documental que cometió al percibir 1,7 millones de euros en ayudas públicas para su empresa de vehículos eléctricos Z-Mobile, cuya fábrica fue erigida en Motorland pero nunca llegó a funcionar. Además, el Juzgado de lo Penal de Teruel le impone el pago de 5,2 millones de euros, entre la devolución de las subvenciones y la multa del triple de lo percibido.

Según ha declarado probado el juzgado, el empresario, provenientes del sector inmobiliario y carente «de toda experiencia, conocimientos, infraestructura y solvencia» en la automoción, creó ya en el 2008 la empresa Corporación Industrial Z-Mobile, con escaso capital. Sin embargo, este se vio ampliado en el 2010, merced a un préstamo de Industria, a 500.000 euros, con su madre como capitalista y él como administrador único.

Fue entonces cuando presentó un proyecto de fabricación de coches eléctricos, con un valor teóricamente subvencionable de 1,3 millones de euros. Compró una parcela en el parque tecnológico de Motorland y contrató, en el 2011, hasta a once trabajadores, pero la fábrica nunca llegó a tener actividad real.

Pese a ello, solo con el proyecto, fue presentándose a diversas líneas de ayuda y, en forma de créditos o subvenciones, logró 370.000 euros del Instituto Aragonés de Fomento, 108.000 del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón o 1,5 millones de la Dirección General de Industria.

FACTURAS

Para conseguir estas ayudas, además del proyecto, el acusado utilizaba facturas falsas, en todo o en parte. Según fueron descubriendo las inspecciones de los órganos que concedieron las ayudas, años más tarde, usaba básicamente dos procedimientos: facturas directamente falsas o retrotraídas.

Entre las primeras, elaboró dos por valor de 408.000 euros, inexistentes, y otras cuyo proveedor era otra empresa suya, sin trabajadores. El segundo procedimiento consistía en hacer un gran pedido, presentar ese documento pero luego reducir la cantidad efectivamente solicitada a la empresa original, sin decir nada a la institución que concedía la ayuda.

Los organismos públicos constataron en sus inspecciones que la empresa no tenía actividad real, ni había mantenido el empleo los tres años requeridos, ya que los trabajadores fueron despedidos en el 2013 (año en que la empresa fue declarada en insolvencia provisional), sin que conste que llegase a tener actividad efectiva. Según la investigación policial, aunque la sentencia no lo da por probado, el dinero fue para pagar diversos viajes y gastos personales.

Monforte, defendido por Carmen Sánchez, puede recurrir ante la Audiencia de Teruel.