La asociación aragonesa Movimiento hacia un Estado Laico (MHUEL) acusó ayer la Registro de la Propiedad, que depende del Ministerio de Justicia, de «marear la perdiz» por facilitar información contradictoria sobre la inmatriculación de la iglesia de San Pablo de Zaragoza. La agrupación ampara su afirmación con una resolución del Defensor del Pueblo en la que señalan que el organismo registrador no fue «muy pulcro» en el suministro de los datos.

MHUEL recordó ayer que cuando pidieron información sobre la situación en la que se encontraba el templo, al sospechar que fue anotado como propio por la Archidiócesis de Zaragoza, recibieron una contestación «negativa». Poco después, el consistorio zaragozano realizó el mismo trámite aunque con un menor soporte documental y en esa ocasión la respuesta fue positiva. «La dejación de funciones de la institución conculca el derecho a una información seria y veraz», denuncian.

Ante esta evidencia presentaron una denuncia que fue archivada, un gesto que el Defensor del Pueblo rechaza, hasta el punto de solicita que la investigación de suceso «debería seguir». Además afirman que las justificaciones ofrecidas por el Registro de la Propiedad para argumentar las diferentes respuestas fueron «confusas» al no dar «cuenta cabal de lo sucedido» pues existen «dos certificados con información contradictoria».

Los laicistas reconocen en el escrito de denuncia que la dirección exacta del inmueble no corresponde con la que ellos dieron (era la calle San Pablo sin número, ellos dieron el 42), y tampoco el nombre, ya que consultaron la iglesia de San Pablo y se trata de la iglesia parroquial de San Pablo Apóstol. Pero opinan que estas diferencias no pueden servir de excusa al ser evidente que estaban preguntando por ese templo.

MHUEL lleva desde el año 2015 indagando el asunto de las inmatriculaciones eclesiásticas como la de San Pablo, esto es, la inscripción de inmuebles a nombre de la Iglesia, posibilitada tras una reforma legal del Gobierno de José María Aznar.