El sindicato Asociación Taurina de Aragón (ATA) ha denunciado a lo largo del verano a más de 70 localidades aragonesas, medio centenar en Teruel (incluída la capital) y una veintena en Zaragoza, por ilegalidades en la celebración de festejos, sobre todo vaquillas. La asociación ha presentado la demanda ante Inspección de Trabajo que, según confirmaron varios alcaldes, ha comenzado a requerir la documentación de los últimos cinco años. Al final de la temporada calculan que serán unos cien los municipios afectados.

La asociación ha tenido que recurrir a la vía administrativa al haber constatado que en estos municipios se habían cotizado 25 euros por el trabajo del director de lidia --el responsable de que las vaquillas transcurran con normalidad--, muy lejos de los 350 que marca la normativa de Trabajo y Seguridad Social. Pero ha sido el último paso, ya que el interés del sindicato era evitar el intrusismo profesional y los problemas de seguridad que genera la contratación de responsables poco preparados.

HABILITACIÓN El problema, sostiene el abogado de la ATA, José María Lumbreras, se originó "cuando el Ministerio de Interior dio carnets profesionales a intrusos que carecían de la habilitación necesaria, al no haber toreado diez novilladas sin picadores. Estos intrusos son en muchos casos ganaderos que ofrecen la dirección de lidia gratis a cambio de alquilar su ganado, y en otros casos simples aficionados que al no poder competir por profesionalidad, lo hacen tirando los precios y cometiendo fraude a la seguridad social", expone.

En palabras de David García, secretario de la asociación, "se ha llegado a situaciones tan extremas como que habiendo 14 sueltas de vaquillas el mismo día en la provincia (de Teruel), y con cuatro o cinco profesionales disponibles, yo y otros compañeros, banderilleros y directores de lidia, nos hemos quedado sentados en casa. O alguien estaba en cinco sitios a la vez o se ha utilizado un mismo carnet profesional para solicitar documentación en todos ellos, y en realidad en al menos cuatro no había quien protegiese la seguridad de las personas. Además de eso, los falsos profesionales están trabajando por precios irrisorios", explica.

Las denuncias son el último paso tras una negociación con la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMPC), que ha resultado infructuosa. La ATA, con medio centenar de afiliados, se atribuye la representación del 90% de los directores de lidia de la comunidad, pero año a año ha visto cómo sus socios permanecían sin apenas actividad cuando otros trabajaban a precios por debajo de mercado. Y comprometían la seguridad del público. "La cogida es inevitable, pero sus consecuencias no. No es lo mismo sufrir un derrote o una caída, a que un animal de 400 kilos se ensañe con un chaval durante tres minutos porque ningún profesional con experiencia está ahí para quitarlo", explica Lumbreras.

Algunos miembros de la asociación mantuvieron reuniones con los alcaldes de los pueblos, por separado y a título individual. "En algunos casos nos encontramos con que no sabían que estaban cometiendo ninguna irregularidad, y se mostraron dispuestos a pagar lo que correspondía", explica Ángel Esteban, vicepresidente de la ATA. "Pero en otros muchos, no", añade.

Por ello intentaron negociar un acuerdo general con la FAMPC. Fuentes de la entidad reconocieron dos reuniones, en enero de este año y otra más próxima al verano, pero indicaron que no se llegó a un acuerdo y que no tienen competencia para alcanzarlo en nombre de todos. Próximamente mantendrán una nueva reunión, una vez que la DGA ha accedido a actuar como mediadora. Aún así, las citadas fuentes dejaron constancia de su extrañeza porque los secretarios municipales no hayan indicado a los municipios que estaban cometiendo irregularidades, si estas existen.

Al quedarse "sin puertas a las que llamar", según el abogado José María Lumbreras, optaron por la denuncia. Si se confirman las irregularidades, el varapalo para los ayuntamientos promete ser ejemplarizante, aunque la ATA no teme que el hacer "las cosas bien" suponga un riesgo para la celebración de festejos taurinos en los municipios por el aumento de precio.