Francho Chabier Mayayo, que con sus denuncias en el 2013 destapó el escándalo de Plaza, compareció ayer como testigo en el juicio que se sigue en la Ciudad de la Justicia y aseguró que la empresa de Miguel Ángel Floría, uno de los acusados, fue seleccionada, «sin opción de elegir», para realizar un proyecto de cubrimiento de edificios con paneles debido a que era amigo de del exconsejero delegado de la sociedad de la plataforma logística, Carlos Escó, también imputado en la causa. «Fue una imposición del señor Escó», recalcó.

«Oí en diferentes conversaciones que su propuesta había sido elegida porque era amigo de Carlos Escó», manifestó Mayayo, que estuvo empleado en Acciona Infraestructuras en tanto que ayudante de jefe de obras en el proyecto de la plataforma logística. Señaló además que «esa amistad» entre Escó y Floría era «la comidilla» en el entorno de las obras.

«No hubo ningún tipo de oferta», insistió Mayayo, que añadió, en referencia al Grupo Floría, que en una ocasión llegó una factura de esta empresa «sin pedido», por lo que se devolvió. «Venían cada vez precios más caros por metro cuadrado, llegando a triplicarse en los últimos pedidos», explicó.

Llegó un punto, declaró ante la Sección I de la Audiencia Provincial de Zaragoza, en que el coste superó en 300.000 euros la cantidad prevista, lo que obligó a crear un sistema de «precios ficticios» para asimilar las diferencias. De esta forma, el precio llegó a subir «hasta 280 euros por metro cuadrado en los últimos edificios», por lo que se producía un desfase que hacía perder dinero a la UTE de Plaza.

Este proceder, señaló Mayayo, se extendió también a aspectos de la construcción del parque lineal, donde «no se hicieron ofertas y se atribuyeron directamente». Asimismo, denunció que «llegaban facturas sin que la obra estuviera ejecutada».

La jornada de ayer fue la primera de las dedicadas a las comparecencias de testigos. Además, de Mayayo, declararon los agentes de la Policía Nacional que investigaron la presunta corrupción, entre ellos el jefe de grupo de la UDEF, quien certificó que «gran parte» de las revelaciones del denunciante «coinciden con los hechos denunciados» en relación a las actividades de las empresas Multiinversiones, del también acusado Agapito Iglesias, el tercero de los acusados, y Pulsar, de las hijas de García Becerril.

Rafael Fernández de Alarcón, expresidente de Plaza, que declaró como testigo, manifestó que cundió la alarma, en el 2013, cuando descubrieron que «algunas de las obras previstas no estaban hechas». «Allí empezó la historia», comentó.