Dentro de las actuaciones propias de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, durante el pasado año 2019, se analizaron en Zaragoza 306 expedientes de informe sobre control de trámites para la regularización de ciudadanos extranjeros mediante “parejas de hecho”, siendo 157 desfavorables. Como consecuencia de las mismas, 22 personas fueron detenidas.
Las detenciones anuales se han incrementado en un 66 % desde el 2016 y un 40% respecto a 2018, fecha en que comenzó un repunte en la utilización de esta vía de regularización fraudulenta.
Los agentes detectaron parejas de hecho de conveniencia celebradas entre mujeres extranjeras y españoles, tras conocerse en redes sociales y entrar aquellas en España mediante una carta de invitación, colgaron falsas fotos de pareja y se empadronaron en el mismo domicilio, desarrollando una convivencia real efectiva durante un corto periodo de tiempo, creando una ficción con la finalidad de eludir el control de las autoridades.
En los informes de verificación de convivencia, realizados tras la entrevista en comisaría con la pareja sospechosa de incurrir en fraude de Ley, los agentes detectaron numerosos casos de utilización de la vía de la pareja de hecho para la regularización fraudulenta de extranjeros que en situación irregular en España buscan una fórmula rápida para conseguir una tarjeta de residencia.
Desde la Jefatura Superior de Policía de Aragón destacan que "existe todo un panorama abierto a la captación de ciudadanos con nacionalidad española dispuestos a realizar el trámite de pareja de hecho, muchas veces por una situación de necesidad evidente, a cambio de una contraprestación económica, y en las menos, la Policía detecta un altruismo y empatía con el extranjero consintiendo aceptar ser pareja de hecho por una mera cuestión de humanidad”.
Demostrada la contraprestación económica, el fraude de ley deriva a dos situaciones sancionables. Por una parte se incurre en la comisión de un delito de favorecimiento a la inmigración irregular, recogido en el párrafo segundo del artículo 318 bis del código penal, del Título XV bis “delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros” y en donde se sanciona esta conducta con una pena de prisión de tres meses a un año, y por otro lado y en el mejor de los casos, la conducta punible será sancionada con una multa.
