El conflicto que ayer cristalizó en el ataque a los buques insignia municipales --transporte público y ciclistas urbanos-- se ha acelerado en las últimas semanas, pero lleva años fraguándose. Actualmente, aunque el vicealcalde Fernando Gimeno resuma la petición sindical en un "aumento de sueldo", los motivos se resumen en dos, que vienen de lejos: la reclasificación profesional de los agentes, como el resto de funcionarios municipales --lo que debería conllevar, en efecto, mayor retribución-- y la elaboración de nuevos calendarios u horarios de los distintos grupos operativos.

Los sindicatos con representación en la Policía Local de Zaragoza discrepan en las medidas adoptadas, impulsadas por CSL y secundadas, tras su propia asamblea, por CSIF. Pero UGT, CCOO y Osta coinciden en comprender y compartir el malestar que las ha generado.

Aunque la reclasificación lleva años entre los objetivos del colectivo, los sindicatos confiaban en que, tras la aprobación hace un año de la Ley de Coordinación de Policías Locales, que obliga a ella, a estas alturas ya se habría alcanzado. Se trataría de adaptar las antiguas categorías laborales a las nuevas, según una serie de condiciones como la titulación.

En realidad, la norma marca específicamente que esta reclasificación no conllevará aumento de sueldo. Los sindicatos se mostraban favorables a negociar este punto, pero sostienen que no ha habido ningún tipo de movimiento efectivo por parte de los mandos ni la concejalía de Régimen Interior. La semana que viene tienen fijada una nueva reunión, la enésima.

En cuanto a los calendarios, desde la masiva entrada de nuevos agentes para la Expo del 2008, no se han modificado los horarios de las unidades. Aunque pueda parecer una cuestión menor, los sindicatos insisten en que esto no solo crea problemas a los agentes en su vida familiar, sino que genera gasto público: por ejemplo, por servicios que han de prestar como horas extras determinados agentes porque no está programado que sus relevos estén ya trabajando. "La ciudad ha cambiado mucho desde el 2008, con el tranvía o las bicis, por ejemplo, y la organización de los agentes no se ha adaptado a ello", sintetizaba José Muñoz, de UGT.

ASAMBLEA

Con estos mimbres, y tras años de tensiones, la pasada semana el sindicato CSL convocó una "asamblea general", aunque según denuncian el resto de formaciones no fueron avisadas de ella. Y decidieron una serie de medidas, como el trabajo "a reglamento" y el no hacer horas extra voluntarias en el Pilar.

Apenas terminado el encuentro, según aseguraron todas las formaciones, los mandos amenazaron a los agentes de la Unidad de Protección Ambiental y Consumo (UPAC) con disolver la unidad si no consentían, como todos los años, en hacer estas horas extra para vigilar establecimientos hosteleros y la venta ambulante. La Policía incorporó a 16 nuevos agentes a los UAPO, que suplirán la falta de voluntarios.

Ante la amenaza, CSIF se adhirió a las medidas. Según su vicepresidente, Alfredo Juan, no podían "consentir" esta actitud. Pero el hecho de que CSL incluyera entre sus iniciativas la publicación de listas de esquiroles que sí se han apuntado a prestar servicio ha generado fuertes críticas, sobre todo en Osta y CCOO.