Afectados por casos abiertos como el de José Couso, el genocidio de Guatemala o el asalto a la Flotilla de la Libertad han acusado hoy en Zaragoza al PP y al PSOE del desmantelamiento de la Justicia Universal.
En la jornada "Justicia Universal o garantía de impunidad", organizada por la Fundación Paz y Solidaridad de CCOO Aragón, el abogado Antonio Segura, personado en el caso Guatemala y partícipe de la querella por el ataque a la Flotilla de la Libertad, que pretendía llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, ha matizado que la reforma actual no es tal, pues "la jurisdicción universal dejó de existir en 2009 con la reforma de Zapatero".
En este sentido, ha criticado a este gobierno -y el anterior- por saltarse las obligaciones que tiene "en base a tratados internacionales firmados" y por doblegarse ante otros estados, como Israel o Estados Unidos.
Además de por haber utilizado sistemáticamente a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para "neutralizar" los diferentes procesos abiertos y por legislar en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional, que en una sentencia de 2006 relativa al genocidio guatemalteco afirmó que la Justicia no debía tener "ningún límite", ha dicho.
Segura ha negado también que "salga cara", ya que sólo supone un 0,01 por ciento de los procedimientos en manos de la Audiencia Nacional y que España haya sido "un paraíso de la Justicia Universal", sino que simplemente ha contado "con los instrumentos adecuados".
Es por ello que ha denunciado que, hasta el momento, solo se ha producido una condena en firme, contra el militar Adolfo Schilingo, por crímenes contra la humanidad durante la dictadura argentina (1976-1983), así como que la desaparición de la jurisdicción universal en España suponga el archivo de las investigaciones sobre el campo de concentración nazi de Mauthausen, porque a su juicio obligaría a abrir un procedimiento contra el Franquismo.
Por su parte, David Couso, hermano del cámara asesinado por fuego estadounidense durante la guerra de Irak en 2004, José Couso, ha acusado al gobierno de "someter a la ciudadanía al yugo de la reforma ideológica de Gallardón" y ha defendido el caso de su hermano como de tutela judicial efectiva, que es "igual, te apellides Borbón o Botín".
Ha descrito el asesinato del cámara de televisión como un "ataque deliberado contra la prensa para recobrar el control de la información" y se ha congratulado de que sea la única causa que permanece abierta en el mundo contra militares norteamericanos, lo que demuestra que "la lucha sí que merece la pena".
Asimismo, Couso ha alabado la actitud del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por mantener abierto el caso de su hermano basándose en las Convenciones de Ginebra y por "defender la independencia judicial frente a las presiones del legislativo y el ejecutivo, que supone una defensa de la democracia y un respaldo al Estado de Derecho".
Ha añadido también que está en contacto con otras víctimas de la "impunidad" como las del Yak-42 o los accidentes del metro de Valencia o del Alvia de Santiago, con quienes ha formado una asociación, pero ha recalcado la diferencia entre una catástrofe y un "crimen de guerra" como el de José Couso.
En cuanto al genocidio de Guatemala, que también investiga el juez Pedraz en la actualidad, el abogado Antonio García ha culpado a España y Guatemala de la impunidad por este caso emblemático, que incluye alrededor de 200.000 asesinados o desaparecidos -incluidos cuatro sacerdotes españoles y víctimas españolas en la quema de la embajada de España en este país centroamericano-, limpieza étnica del pueblo maya, femenicidios o violencia sexual.
Así, García ha denunciado que, además de la "auténtica vergüenza" que supone esta impunidad "porque así lo desean España y Guatemala", "se pongan todo tipo de trabas para escarnio de las víctimas".
Por último, Laura Arau, periodista y activista que formaba parte de la Flotilla de la Libertad que intentó romper el bloqueo a la Franja de Gaza en 2010 para llevar ayuda humanitaria, cuando fue asaltada por el ejército israelí en aguas internacionales causando diez muertos y 60 heridos, ha incidido en las torturas recibidas en el país hebreo, así como en el maltrato que ha sentido por parte de las instituciones españolas.
"Israel me robó 15.000 euros en material audiovisual que nunca ha vuelto y el gobierno español no ha movido un dedo", ha denunciado, así como el acoso por parte, por ejemplo, de los Mossos d'Esquadra, que manejaban información sobre su activismo, lo que ha considerado que "no debería ser admisible en un estado democrático" y que ha causado que los otros dos integrantes españoles de esa flotilla hayan abandonado el país.
Según el abogado Antonio Segura, las causas contra el Estado de Israel "no van a llegar a ninguna parte" por el empeño del gobierno y la Fiscalía, que pretende derivarlas al Tribunal Penal Internacional, cuyo tratado casualmente no ha firmado Israel y al que ha calificado como "construido para que no funcione".
