La okupación ilegal de pisos ya no es solo un fenómeno del extrarradio de Zaragoza y de las calles más deprimidas socialmente de sus barrios. Ahora, el allanamiento de viviendas ha llegado al mismo centro de la capital aragonesa, a sus zonas más cotizadas, como el entorno de El Corte Inglés de Sagasta.
La prueba es que dos familias con un total de siete miembros okupan desde hace nueve días un piso de la exclusiva Residencial Paraíso, junto al corazón comercial del paseo de las Damas.
«Pagamos 3.500 euros a un hombre, de una organización, y no hubo ningún problema para entrar», relató Mohamed, uno de los siete okupantes, que son dos parejas con sendos bebés y un amigo. «Este piso es de un banco», explicó, dando a entender que no están perjudicando a nadie en concreto y que tampoco causan trastornos a los vecinos.
Denunciar cualquier movimiento extraño
Denunciar cualquier movimiento extrañoCuando la comunidad de propietarios se enteró de la presencia de intrusos, un fenómeno insólito en la selecta urbanización, colocó carteles a la entrada del portal alertando a los residentes de la situación creada y pidiéndoles que denuncien a cualquier persona o movimiento extraño con el fin de «evitar otras posibles ocupaciones».
Además, la entidad que agrupa a los dueños puso vigilantes que en la mañana de ayer, ayudados por el conserje, controlaban la entrada al bloque, situado en el portal número 3 de la calle León XIII. Fue así como consiguieron que cuatro de los siete intrusos, que al parecer habían salido a la calle a hacer compras, no pudieran volver a la vivienda okupada, situada en la primera planta.
«Somos personas tranquilas, nada problemáticas, no hay derecho a lo que nos están haciendo», afirmó uno de ellos, padre de un niño de muy corta edad.
"Solo un juez nos puede echar"
De forma que en el piso viven ahora Mohamed, su pareja y un bebé. Todos ellos, salvo una joven española, son de origen magrebí, pero llegaron a nuestro país hace ya bastantes años desde Argelia y Marruecos y se consideran de aquí.
«Llevo desde los 6 años en España», contó Mohamed, que por su aspecto aún no ha cumplido los 30. «No hay trabajo ni nada», comentó después de retirar los cerrojos de la puerta del rellano. «No nos pueden echar, eso tiene que ordenarlo un juez», añadió.
Sin conciencia del delito
«Tenemos un abogado y le preguntamos qué tenemos que hacer en cada momento», informó Mohamed, que no tiene conciencia de estar cometiendo, presuntamente, un delito de allanamiento de morada.
Los mismos vigilantes que ayer impedían la vuelta a la vivienda de los okupas que habían ido al exterior no permitían tampoco que Mohamed, su esposa y la pequeña salieran a la calle. «No nos dejan salir y nosotros no nos alejamos, siempre hay uno en el piso», dijo.
Aseguró que están «sin agua» y que no funciona el interfono que permite ver la cara de los que llaman. En cambio sí había luz. «No hacemos nada malo ni damos problemas», insistió.
La comunidad de propietarios de Residencial Paraíso declinó hacer declaraciones sobre este episodio de okupación, quizá temiendo que su divulgación en la prensa pueda tener un efecto de llamada.
Muchas entradas y salidas
Muchas entradas y salidasLa mayor parte de los residentes se enteraron ayer de la presencia en el bloque de personas ajenas a la comunidad y su reacción fue de sorpresa.
«Es impresionante, no tenía ni idea de esto», comentó un profesional liberal que tiene su despacho en el edificio. «Nadie ha comentado nada», dijo.
Ayer a mediodía había desconcierto a la entrada de la casa, como si justo entonces se acabaran de percatar de lo sucedido. Allí mismo, un grupo de personas, entre ellas el conserje y un vigilante, observaban a todos los que subían y bajaban por la escalinata que da acceso al patio. Es un bloque de nueve pisos, con cuatro o más viviendas por rellano y el trasiego de personal debe de ser constante a determinadas horas.
Miedo a que lleguen más
Miedo a que lleguen más Por otro lado, hay sin duda miedo a que lleguen nuevos okupas. El cartel colocado a la entrada lo dice claramente: se debe avisar al conserje o a la administración «de cualquier movimiento extraño de personas deambulando por el portal o entrando muebles o enseres en pisos habitualmente deshabitados».
Los compañeros de Mohamed, los que se habían quedado en la calle, consideran que están sufriendo una especie de injusticia. «Entre todos pagamos 3.500 euros para tener una vivienda», manifestó uno de ellos.
No pensaban que, después de ese desembolso prohibitivo por un piso «que no es de nadie» fueran a convertirse en una grave perturbación para una comunidad que no los quiere dentro.
