La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó ayer --por 14 votos a favor, 3 en contra y tres abstenciones-- un informe en el que pide a la Unión Europea que reconsidere "seriamente" su decisión de financiar con 80 millones de euros el trasvase Júcar-Vinalopó, al no existir una garantía de caudal suficiente. Este hecho entrañaría un riesgo "no sólo de daños ambientales permanentes en un área frágil, sino de despilfarro de recursos comunitarios".

El texto fue elaborado por el grupo de eurodiputados que viajó a la comunidad valenciana entre los días 25 y 28 de mayo para estudiar sobre el terreno las denuncias de la organización ecologista WWF/Adena. La misión, encabezada por la socialista alemana Margot Kessler y el representante de los Verdes británico Eurig Wyn, señala importantes omisiones en el informe del Banco Europeo de Inversiones (BEI) que sirvió de base para aprobar la financiación del trasvase, especialmente porque no tiene en cuenta su impacto sobre el parque natural de la Albufera, y piden al Ejecutivo comunitario que envíe una misión de especialistas para que evalúe la situación.

Se da la circunstancia de que los tres votos negativos son de los tres eurodiputados españoles del Partido Popular presentes en la reunión, José Manuel García Margallo, Cristina Gutiérrez Cortines y Carlos Iturgaiz. El representante socialista de Valencia, Joan Calabuig, se abstuvo en la votación, y el verde David Hammerstein, integrado también en la lista de los socialistas valencianos, apoyó el contenido del informe.

En el informe, además del trasvase, se denuncian "supuestos abusos" en la aplicación de la ley reguladora de la actividad urbanística (LRAU) en la Comunidad Valenciana. "La aplicación de la ley ha llevado a una vulneración grave de los derechos más elementales de muchos miles de ciudadanos europeos", según acreditan "numerosos casos bien documentados", señala el texto. "Pensaba que había visto aspectos horribles en Europa, pero aun hay cosas peores, como comprobé en Valencia", fueron las palabras que empleó la eurodiputada socialista, Margot Kessler. Y añadió: "He pedido en la televisión a los alemanes que no se les ocurra comprar ningún tipo de edificación en la Comunidad Valenciana". Según la diputada, su visita a esta comunidad le permitió comprobar que existe "violación de los derechos del Medio Ambiente".