El exviceconsejero de Obras Públicas Carlos Escó está en estos momentos imputado en el caso pagarés, en el que el magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, Francisco Picazo, investiga los sobrecostes de más de 17 millones de euros en la construcción de 119 naves en Plaza.
Picazo entiende que Escó se unió con el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril; el constructor Agapito Iglesias, y el director técnico de Plaza, Miguel Ángel Pérez, para repartirse dicha cantidad. Consideró que no era comprensible que el contratista facture al cliente una cantidad superior a la presupuestada y criticó que desde la empresa pública no se defendiera el dinero procedente de los impuestos de los aragoneses.
Para cubrir la responsabilidad civil solidaria, el juez tiene embargadas sus participaciones en un fondo de inversiones en Caixabanc, Fonditel B, Pensions Caixambicion, Fonditel Alfa y 5.600 valores que ostenta en Telefónica. Asimismo, tiene trabadas sus propiedades en Nueno, Hospitalet del Infante, Sallent de Gállego, sus vehículos o su sueldo en Telefónica de 240.000 euros.
Estuvo también imputado por prevaricación administrativa en el caso Caladero, si bien la jueza, Mercedes Terrer, del Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza decidió archivarlo.
La magistrada estimó y justificó las obras contratadas inicialmente y las posteriores porque "están realmente ejecutadas y se ajustan a lo acordado". Asimismo, aseveró que se establecieron precios de mercado y que no se produjo perjuicio patrimonial en los fondos públicos.
La acusación popular, ejercida por UPD, recurrió este sobreseimiento del caso.
