«Estamos ante una locura administrativa». La investigadora en Ingeniería y Arquitectura María Peña Ormad es uno de los rostros afectados por la aplicación estricta de la nueva ley de contratos públicos. «Lo que antes nos costaba un tiempo razonable se ha multiplicado por cuatro», indica.
En su caso, con una investigación dedicada a mejorar la salud ambiental de las aguas se ha encontrado con pedidos paralizados por la burocracia que finalmente se han adquirido por un precio mayor. «No ponen un control sobre los proveedores habituales y al final se tiene que recurrir a otros medios que encarecen los encargos». En su equipo de investigación trabajan quince personas de los campos de la ingeniería y la medicina. «Cada vez tenenos más trabas y algunos nos cansamos de luchar», lamenta.
