La sentencia judicial que niega a siete exediles del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza el cobro de 50.000 euros por pagas extra y vacaciones es inapelable, pero los afectados aseguraron ayer que "no comparten" el fallo judicial e insistirán en la reclamación al consistorio por las vías que sus abogados consideren más adecuadas.

Como informó ayer este periódico, los exconcejales del PP Antonio Suárez, Octavio López, José Luis Santa Cruz, Alejandro de la Mata, Pilar Serrano, Pilar Guerra y Rafael Gómez Pastrana abandonaron la corporación municipal el 14 de junio del 2003 tras las elecciones locales y en noviembre reclamaron al consistorio una cantidad global de 49.544,86 euros --entre 9.758 euros y 5.560 euros, según los casos-- que según ellos debían cobrar como prorrateo de pagas extra y vacaciones. Tras la negativa municipal, los implicados demandaron al consistorio en los tribunales el 27 de abril del 2004 y, finalmente, una sentencia del Contencioso-Administrativo número 1 les niega el derecho a percibir el dinero público reclamado.

La sentencia recuerda a los exediles que no son trabajadores al uso, sino políticos, y que la relación que les vincula a la corporación no puede regirse por normas laborales, sino por acuerdos plenarios. El juez autor del fallo rechaza, además, que deban cobrar por unas supuestas vacaciones no disfrutadas, puesto que no deben cumplir un horario o jornada, ni es necesario que acudan a comisiones u otros órganos. No se prevé, dice la sentencia "que haya que reservar un tiempo de vacaciones a los munícipes".

Por su parte, fuentes próximas al Gobierno Municipal PSOE-CHA advirtieron ayer que el ayuntamiento no se plantea cambiar las actuales normas de retribución a los ediles. Las mismas fuentes aludieron a la "satisfacción" del departamento de Régimen Interior y Personal por el hecho de que el juzgado haya dado la razón al consistorio en su negativa a pagar los extras demandados.

Los seis exconcejales afectados y los herederos de Rafael Gómez Pastrana, ya fallecido, mostraron ayer su desacuerdo con la sentencia y mediante un comunicado escrito advirtieron que al demandar al ayuntamiento sólo estaban ejerciendo un derecho que asiste a cualquier ciudadano perjudicado por la Administración. La reclamación, matiza, la han realizado "desde el ámbito personal e independientemente de la actividad política".

Los litigantes "no comparten la sentencia, aunque respetan la decisión del juez". Discrepan abiertamente del fallo y en contra de lo que han determinado los tribunales, siguen defendiendo que su actividad política sí es un trabajo realizado para el ayuntamiento. La naturaleza laboral de esta relación, insisten, es "demostrable, debido a la existencia de nóminas y cotizaciones a la Seguridad Social".

Los populares comparan su caso con el de la alcaldesa socialista de Teruel, "que ha permanecido de baja laboral por maternidad sin que esta situación haya supuesto ningún tipo de quebranto".

La nota de los demandantes es clara: diga lo que diga el juez, sus abogados "trabajan en la vía más adecuada para instar un pronunciamiento sobre los derechos y obligaciones".