Con un fallo histórico, el magistrado José Manuel Delgado, titular del Juzgado de Primera Instancia 2 de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), abrió la posibilidad de que familiares con personas enterradas en el Valle de los Caídos pudieran recuperar sus restos. Fue el 9 de mayo de 2016. Pasados cuatro años de la sentencia, esta sigue incumplida.

Todo tipo de dificultades técnicas opuestas por Patrimonio Nacional -el regidor del enorme recinto funerario- se han sucedido a lo largo de buena parte de ese periodo. E incluso ahora, que los familiares reclamantes ven actitud de franca colaboración en el organismo, la orden del Gobierno no acaba de llegar.

Por eso entre las familias se acogen con escepticismo los distintos anuncios que el Ejecutivo ha ido dejando caer sobre la proximidad de una nueva ley de memoria histórica. El texto de esa ley que reformará la 52/2007 contempla expresamente el derecho de las familias «a recuperar los restos de sus ascendientes» del «lugar de memoria democrática» en el que el Gobierno prevé convertir Cuelgamuros.

En 52 meses de sentencia incumplida, el aragonés Manuel Lapeña, hijo de Manuel y sobrino de Antonio Ramiro Lapeña Altabás, le ha ido cayendo vejez encima. Tiene 94 años ya. En esta espera, un deterioro cognitivo le ha ido dejando sin posibilidad de recordar nada más de 10 minutos. A su familia le duele que, si llega a ver cumplido el fallo judicial, «no se enterará».

El caso de Calatayud

Lo lamenta así en Zaragoza Miguel Ángel Capapé, su yerno, y uno de los impulsores de la reclamación de 30 familias de recuperar restos mortales de caídos o asesinados en la guerra civil entre los 34.000 que el franquismo metió bajo la cruz del Valle. «Como tarden mucho más, mi suegro se queda sin reparación», dice.

Fue precisamente en el caso de los hermanos Lapeña -asesinados por un escuadrón de paseos en Calatayud en 1936, y extraídos sus cuerpos de una fosa común para trasladarlos a Cuelgamuros sin aviso a las familias- en el que se pronunció la justicia. El juez Delgado apreció un derecho a «digna sepultura» decimonónico, pues nació para las familias que buscaban a soldados muertos en Cuba y Filipinas.

A ese clavo legal -anulado al poco de la sentencia por el ministro de Justicia Rafael Catalá argumentando falta de uso- se agarró el abogado experto en Memoria Eduardo Ranz. Pero aquel éxito judicial sigue sin materializarse.

«Los hermanos Lapeña han sufrido una triple victimización -opina el letrado-. Cuando fueron ejecutados, al ser llevados al Valle y, en democracia, con el no cumplimiento del fallo que ordena su exhumación. Tras dos años del Gobierno del PP y otros dos del PSOE, no se puede decir que los Lapeña hallan vuelto a su lugar natural, Aragón».

Una vez avanzadas las catas del Instituto Torroja de Ciencias de la Construcción en la cripta del Valle de los Caídos, los familiares han podido visitar los osarios a lo largo del otoño pasado, extraído ya el cuerpo de Franco.

Esperando una fecha

Desde la Secretaría de Estado de Memoria Democrática les han reiterado «lo de siempre», dice Capapé: que están trabajando en el asunto y que tienen voluntad firme de llevar a cabo las exhumaciones. Incluso les ha llegado oficiosamente que ya hay empresa elegida para hacer los trabajos, la pública Tragsa. Todo indica que, cuando se ejecuten las exhumaciones, se empiece por las de los Lapeña.

Dos veces ha intentado el Ejecutivo una reunión este verano con la familia, pero en vano. La secretaría de Estado los convocó en julio, y hace tres semanas la vicepresidencia, pero los familiares han respondido en las dos ocasiones que irán a Madrid «solo si es para decirnos la fecha de la exhumación. Si no, no merece la pena el viaje», explica Capapé.

Desde Barcelona, Rosa Gil, nieta del soldado nacional Pedro Gil Calonge, enterrado sin permiso en la cripta de la basílica del Valle, confirma que no hay fecha: «No tengo novedad. Seguimos esperando e intentando que mi abuelo vuelva a casa».

Para Eduardo Ranz, a estos familiares «la reparación consiste en, entre otras cosas, la honra, en la búsqueda de la verdad, en la respuesta de los gobiernos. Es un proceso judicial que no buscaba un responsable, sino la exhumación de las víctimas del Valle de los Caídos y una digna sepultura. Por desgracia, no existe conexión entre esa sentencia del año 2016, su cumplimiento y la actuación del Gobierno central».