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ENSEÑANZA DE IDIOMAS

Exigen cambios en el modelo de bilingüismo

El Consejo Escolar aprueba un informe con 30 matizaciones al texto de Educación. El texto ensalza la figura del colaborador y pide atenciones a la zona rural

 

J. OTO
15/02/2013

El Consejo Escolar ha aprobado un informe referente al nuevo modelo de bilingüismo propuesto desde el Departamento de Educación que contiene alrededor de treinta consideraciones y sugerencias a la orden de la Administrativo y en el que se solicita una mayor atención a la zona rural.

El órgano, que valora "positivamente" que una única norma establezca el marco general del bilingüismo en los centros educativos de la comunidad, pide que no se considere excluyente que el profesorado que participe en el programa tenga destino fijo en el centro, al menos, "en el ámbito rural y en centros de difícil desempeño".

Asimismo, el Consejo Escolar reclama que el bilingüismo se implante a los 3 años "y, en todo caso, si es posible simultáneamente en Primaria y no a la inversa como plantea la orden" y exige que se "garanticen" las plazas al alumnado de secundaria, tanto al bilingüe como al no bilingüe.

El informe pide "flexibilidad" en el mínimo de 15 alumnos exigido para hacer grupo de bilingüismo, "especialmente los centros en el ámbito rural y los centros en situación de desventaja o que por baja densidad poblacional no puedan alcanzar esa cantidad" y advierte de la necesidad de "suprimir" la exclusión de los alumnos transportados que pudiera conllevar coste.

Entre las cuestiones matizadas por el Consejo Escolar también figura el ensalzamiento de la figura del profesor colaborador, que califica como "necesaria" y cuya presencia debería quedar asegurada en la etapa de Infantil y, respecto a la formación del profesorado, pide que esta se garantice "de acuerdo con las necesidades de los centros y utilizando la estructura existente de las Escuelas Oficiales de Idiomas, así como los programas de movilidad e intercambios".

Por su parte, la Plataforma por la Defensa de la Escuela Pública, integrada por partidos como PSOE, CHA o IU, sindicatos o la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (Fapar), entre otros, expuso que la orden persigue "la merma de la calidad del modelo en los centros públicos y la implantación de uno diseñado a medida de los concertados que dificulta casi totalmente la implantación en públicos carentes de este programa".

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