La Fundación 14 de abril, vinculada a Izquierda Unida, ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Zaragoza por su decisión de mantener “nombres de calles dedicados a personajes relevantes del régimen franquista” vulnerando la normativa actual.
El presidente de la fundación, Álvaro Sanz, portavoz de IU en las Cortes de Aragón, ha apuntado que han adoptado esta decisión después de que el equipo de Gobierno PP-CS haya paralizado “la eliminación del nomenclátor de calles dedicadas a personajes y cargos públicos franquistas y afines a la sublevación fascista contra el Gobierno de la II República”.
Por su parte, el grupo municipal de Zaragoza en Común, donde está integrada IU, ha registrado una moción para exigir que se retiren los nombres “de aquellas personas que alentaron el odio y la violencia desde las esferas de poder” durante la dictadura, según se indica en un comunicado.
Su portavoz, Pedro Santisteve, anterior alcalde de la ciudad, ha recordado que en marzo, el gobierno municipal de ZeC acordó cambiar el nombre de la calle Allué Salvador por Lola de Ávila, quien fue maestra mundial de danza, hija de María de Ávila; la de Gonzalo Calamita por Martina Bescós García, primera cardióloga española, y la de Arzobispo Domenech por Emilio Gastón, primer Justicia de Aragón en la democracia.
“En el mes de febrero, con la entrada en vigor la Ley de Memoria Democrática de Aragón, y con la Ley Estatal de Memoria Histórica de 2007 tenía todo el fundamento jurídico ese cambio de nombre de varias calles zaragozanas”, ha explicado.
Pero, según denuncia la Fundación 14 de abril, el equipo de Gobierno PP-Cs ha comunicado que no hará este cambio y que, por tanto, se mantiene el callejero actual.
En la comunicación remitida alegan “falta de informes históricos”, ha añadido Sanz.
“Como si no fuera conocido y estuviera documentado que Manuel Allué Salvador, fue falangista y presidente de la Diputación de Zaragoza tras la sublevación militar de julio de 1936; que Gonzalo Calamita, fue el rector que dirigió la depuración franquista de la Universidad desde octubre de 1936 hasta que se jubiló en septiembre de 1941 y que el arzobispo Rigoberto Domenech fue el impulsor de la adhesión de obispos y jerarcas de la Iglesia al bando franquista”, ha argumentado Sanz.
Por ello, consideran que esta decisión municipal vulnera la ley estatal de Memoria Histórica de 2007, así como la ley autonómica de Memoria Democrática, que insta a la retirada de referencias y menciones franquistas en las calles y espacios públicos, lo que les ha llevado a presentar un recurso en los juzgados.
