El Gobierno de Aragón ha anunciado que va a apostar por la promoción de viviendas de protección oficial (VPO) en régimen de alquiler, en lugar de fomentar su venta, para lo cuál será necesario invertir en la rehabilitación de los inmuebles, especialmente, en los que están ubicados en el medio rural.
Lo ha explicado la directora general de Vivienda y Rehabilitación, María Teresa Andreu, que ha comparecido hoy ante la Comisión de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda de las Cortes de Aragón.
En su intervención, ha explicado que a través de la sociedad pública Suelo y Vivienda en Aragón ya se han puesto en alquiler 256 viviendas de protección oficial que estaban calificadas para su venta.
Como ejemplo de estas políticas, la directora general ha destacado el proyecto de construcción de 88 viviendas en los suelos del antiguo cuartel de La Merced en Huesca, que serán promovidas exclusivamente para alquiler.
En su comparecencia, Andreu ha defendido la labor que ha realizado su departamento a lo largo de la legislatura para llevar a cabo una "gestión integral" centrada en conocer la realidad que atraviesan las personas que recurren al servicio.
Asimismo, ha criticado las dificultades que ha tenido debido a los efectos de la crisis inmobiliaria y los retrasos del Gobierno Central para realizar un Plan Estatal de Vivienda.
Por su parte, el diputado de Podemos Raúl Gay ha denunciado que la vivienda protegida está en "peligro de extinción" en la comunidad ya que su precio cada vez se acerca más al de la vivienda libre.
"Si una vivienda protegida en un pueblo de 2.000 habitantes cuesta parecido que una en Zaragoza se crean dos categorías de territorios", ha indicado Gay.
La propia directora general ha matizado los datos y ha asegurado que se paga de media 288 al mes por una vivienda de protección oficial en la comunidad, mientras que el alquiler medio en una ciudad como Zaragoza tiene un precio de 433 euros.
Desde Chunta, Gregorio Briz ha señalado las dificultades que tienen los partidos de izquierda para legislar en materia de vivienda al toparse con sentencias de "inconstitucionalidad" y ha subrayado el cambio en los hábitos de compra que se ha producido en España.
"Yo creo que la VPO no es la salida porque la precariedad laboral te hace cambiar de residencia muy a menudo y si tienes vivienda es muy complicado", ha añadido.
Por su parte, el diputado de Ciudadanos Jesús Esteban ha coincidido en este diagnóstico y ha subrayado la importancia de redefinir la calificación de las viviendas protegidas de acuerdo a criterios de eficiencia energética e innovación en la construcción.
"Creemos en el establecimiento de un mecanismo legal que regule los malos usos que se han hecho de la VPO", ha asegurado Esteban, quien ha señalado la importancia de encontrar nuevas fórmulas para fomentar el alquiler.
Desde el PAR, Berta Zapater ha criticado que en 2016 había 14.051 viviendas de protección oficial sin vender en la comunidad y ha denunciado la falta de control para sancionar los usos irregulares que se hace de estos inmuebles.
El diputado socialista Fernando Sabés ha señalado el problema que sufren los "cascos urbanos de los municipios pequeños" y, por esa razón, ha destacado la importancia de rehabilitar viviendas unifamiliares en el medio rural.
Desde el Partido Popular, Javier Campoy ha sido muy crítico con la gestión del departamento y ha indicado que "no se ha hecho nada ni en vivienda, ni en carreteras ni en transportes" durante los primeros tres años de legislatura, a pesar de tener un presupuesto que supera en 1.000 millones al de 2015.
La sesión también ha permitido a los grupos intercambiar algunas opiniones sobre el anteproyecto de la Ley de Vivienda que presentó ayer el ejecutivo autonómico y que deberá pasar por las Cortes de Aragón en unos meses.
En ese sentido, la directora general ha defendido la "transparencia" de la iniciativa y la recuperación del sistema de sorteo en las viviendas protegidas, mientras que ha negado que se vayan a producir expropiaciones.
