El Estado prevé destinar unos 600 millones de euros para poder llevar a cabo una transición energética justa en España y paliar los efectos negativos que conllevará, especialmente en Asturias, Castilla y León y Aragón. Así lo anunció ayer la ministra de Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, tras proceder a la constitución de la Mesa Regional de Descarbonización de Asturias, de la que forman parte la patronal asturiana, los sindicatos y las administraciones públicas. Según el ministerio, los 600 millones de fondos propios que el Estado quiere movilizar suponen 350 más de los previstos inicialmente para compensar los costes que acarreará la transición energética durante la próxima década.

La mesa puesta en marcha ayer en Asturias es la primera en constituirse en todo el país, dada la incidencia que este proceso tendrá en esta comunidad. Hoy está previsto que se cree la de Castilla y León, mientras que en Aragón el acto tendrá lugar previsiblemente el próximo lunes 21 de octubre (también con la presencia de la ministra Ribera).

En el caso de Asturias, y según lo explicado ayer, todas las partes se han dado un periodo de seis meses para hacer un diagnóstico de la situación e identificar los proyectos que podrían ser objeto de financiación. Esto permitiría la firma definitiva de los convenios, con las iniciativas y actuaciones que se apoyarán, entre mayo y septiembre del próximo año.

Según informó el pasado viernes el sindicato UGT tras participar en la reunión de la Comisión de seguimiento para el Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras 2019-2027 en Madrid, ocho de los 106 convenios suscritos para la transición de la minería del carbón ya tendrán inicio y dotación económica antes de que acabe el año. El resto estarán operativos a lo largo del 2020.

Así, uno de los objetivos de la reunión del próximo lunes será que los ayuntamientos, la patronal y los sindicatos puedan informarse sobre el Plan de Acción Urgente y comprobar su inicio, así como supervisar el comienzo de los convenios. Elaborar una estrategia definida será clave para que los proyectos garanticen la generación de empleo en las cuencas mineras aragonesas.