El juez Jerónimo Cano ha imputado (investigado) a una cuarta persona por los comentarios injuriantes vertidos en las redes sociales tras el asesinato de los guardias civiles Víctor Romero y Víctor Caballero, a manos de Igor el Ruso, en Teruel. Se trata de una joven tinerfeña, M. C. O. M., que está citada para declarar por videconferencia en el Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel el próximo 11 de mayo por la mañana.
La imputación de esta joven ha tardado más que la de los otros tres encartados, entre otras cosas porque ocultaba su identidad bajo un alias masculino, G. M. Los agentes indagaron la identidad real que se escondía tras el perfil que escribió, comentando otro texto: «Estoy de acuerdo con esta muchacha ùltimamente son buenas noticias de policías muertos y guardia civil y ver como los matan o se quitan la vida puiff» (sic).
La joven declarará como presunta autora de un delito de injurias graves a funcionario público, por lo que la cita.
LOS CRÍMENES
Por otro lado, en el Juzgado de Instrucción número 2 de Alcañiz se reanudaron ayer las declaraciones sobre los crímenes de Andorra cometidos por Norbert Feher, alias Igor el Ruso, el pasado mes de diciembre. Ayer iba a ser el turno de cuatro guardias civiles que integraron el dispositivo en Andorra, junto a los dos fallecidos. Pero la exhaustividad de los interrogatorios hizo que solo diera tiempo a declarar al capitán y al alférez, dejando a los agentes para otra jornada.
Según fuentes jurídicas consultadas, los guardias civiles básicamente reiteraron lo que figuraba en los informes, esto es, que José Luis Iranzo les acompañó, voluntariamente, a inspeccionar unas cuevas cercanas a su casa donde podía esconderse el ladrón que había asaltado su masico. Tras terminar, se fue a su casa, y más tarde ocurrió el tiroteo mortal.
Los agentes justificaron como habitual que una sola patrulla se apartase para interceptar el coche de Iranzo, conducido por Feher, que les acribilló al llegar a la paridera donde se escondía.
No hubo mucha aclaración, ni la jueza lo permitió, sobre el operativo previo ni lo idóneo de los chalecos antibalas.
A juicio del abogado de una de las viudas y de la asociación AEGC, Jorge Piedrafita, las declaraciones acreditan que el crimen fue una emboscada y que los agentes actuaron bien.
