Los ayuntamientos aragoneses de más de 10.000 habitantes llevan a cabo medidas generales y también específicas para afrontar la contaminación atmosférica, lumínica, acústica o la recogida de residuos, pero ni son homogéneas ni cuentan con una política global que plante cara a los desafíos del cambio climático que ya se están sufriendo.
Así se recoge en un informe de fiscalización de las actuaciones en materia medioambiental llevadas a cabo por los consistorios de más de 10.000 vecinos en el 2017 y hasta mayo del 2018 y que ayer hizo público la Cámara de Cuentas.
Se trata de los ayuntamientos de Barbastro, Fraga, Huesca, Jaca y Monzón, en la provincia de Huesca; Calatayud, Cuarte de Huerva, Ejea de los Caballeros, Tarazona, Utebo y la capital aragonesa en la de Zaragoza, y de Alcañiz y Teruel en esta provincia.
El informe está incluido en el plan de fiscalización de la Cámara de Cuentas del 2018 y es el resultado de una auditoría realizada en coordinación con el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo autonómicos.
Todos estos municipios, excepto Teruel, han firmado los compromisos de la Agenda Local 21 pero solo Jaca, Utebo y Zaragoza, con algunas matizaciones, los han hecho efectivos.
Además, apunta el documento, ninguno ha identificado gastos para inversión y desarrollo en medio ambiente y los gastos medioambientales no siempre están unificados en un único programa presupuestario, lo que, considera dicho organismo, permitiría un mejor seguimiento y la definición de indicadores.
De los nueve municipios que sí tenían prevista una partida específica, en el 2017 el gasto total ascendió a 3,8 millones de euros (el 71% de lo presupuestado) y salvo en Calatayud, Jaca y Teruel, representó menos del 1% del total del gasto del área.
Solo Calatayud, Cuarte de Huerva y Zaragoza aseguran contar con una política medioambiental que oriente su actividad, pero únicamente Calatayud dispone de un programa específico de gestión para verificar su cumplimiento. Ningún ayuntamiento ha implantado realmente un sistema de gestión medioambiental ligado a la estructura interna del ayuntamiento y a sus dependencias y servicios que permita identificar los aspectos medioambientales de su actividad con el fin de establecer objetivos concretos, controles y sistemas de evaluación y, en general, el número de técnicos especialistas en medio ambiente es insuficiente, según el informe.
