Cuatro meses ha costado conocer las conclusiones del informe encargado por el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) a la universidad para analizar la posición a adoptar en el conflicto del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA). Ayer veía la luz de la mano de Chunta y pudo constatarse que la interpretación que hace el catedrático Ismael Jiménez Compaired no coincide con la apuesta de pedir la derogación del tributo. «No me parece injusta», concluye sobre la propuesta planteada para Zaragoza a partir del 2016, con una bonificación del 60%. Aunque tampoco se salva la DGA y su planteamiento con el impuesto, «técnicamente deficiente y mejorable», y sobre el que ve «aconsejable una reforma de gran calado».
No obstante, Jiménez Compaired hace algunas consideraciones relevantes sobre cómo enfocar una negociación a la que ZeC se niega a acudir. «Se abordará en la bilateral», reiteró ayer el titular de Economía del consistorio, Fernando Rivarés. Al Gobierno le dice que «claro que es posible que el equilibrio planteado entre impuesto y tasa pudiera variar en otro porcentaje diferente pero la razón tendría que ser otra, política, no técnica».
El informe, que le ha supuesto a las arcas municipales un gasto de 7.000 euros, le dice a ZeC que debe sentarse y negociar, y plantear cuestiones como la forma en la que acompasar la tasa municipal por el saneamiento y el ICA. Aunque se exija un trato diferenciado por depurarse las aguas, sin un cobro dual sería «muy insolidario». Pero ambos recibos pueden servir para los costes de explotación, inversiones y colaborar con otros pueblos. Pero «no debe afectarse a finalidades diferentes del saneamiento».
Además, respecto a la propuesta de la DGA de recibir un retorno económico del 20% de la recaudación, lo ve «muy razonable», pero plantea elevarlo «al 25% o el 30%».
