La aportación directa de la inmigración al Producto Interior Bruto (PIB) aragonés ronda ya el 5%, lo que supone 1.200 millones de euros al año, y demuestra el papel "decisivo" de los extranjeros en el desarrollo económico de la comunidad autónoma. Así lo manifestó el consejero de Economía de la DGA, Eduardo Bandrés, durante la presentación del Plan Integral para la Inmigración en Aragón en la comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes.
Bandrés destacó que el objetivo del plan es promover una política global de integración de los inmigrantes propiciando las condiciones necesarias que garanticen una convivencia basada en el reconocimiento de derechos y deberes.
"La política de inmigración --señaló el consejero-- no es una cuestión sólo de mercado de trabajo o de demografía, sino que abarca todos los aspectos relacionados con la igualdad de deberes y derechos de los ciudadanos, con especial atención a los derechos sociales como educación, salud, vivienda o servicios de ayuda a los más necesitados".
Las actuaciones se estructuran en siete áreas, 44 programas y 169 medidas concretas que tratan de "normalizar" el acceso de los inmigrantes a servicios de empleo, atención jurídica, educación, servicios sociales, vivienda, salud y sensibilización. Bandrés subrayó que este año se superarán los 4 millones de euros.
En su intervención, consideró positivo el Reglamento de la Ley de Extranjería, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por considerar que representa "una nueva oportunidad" para regular la situación de los trabajadores extranjeros en España.
La diputada del PP Rosa Plantagenet criticó los "errores importantes" desde el punto de vista técnico por la ausencia de datos de inmigración actuales, mientras que, en lo político, calificó el plan de "refrito de acciones de distintos departamentos".
Gonzalo González, de CHA, subrayó que el plan es "un buen punto de partida", pero tiene "importantes debilidades" como la ausencia de una memoria económica y falta de concreción en algunas medidas.
El diputado de IU Adolfo Barrena estimó que este es "un buen plan" y "un punto de partida" que recoge numerosas propuestas de IU, aunque apostó por trasladar a las Cortes Generales la necesidad de solucionar los problemas de regularización con el reglamento de Extranjería.
El diputado del PAR mostró sus dudas sobre la conveniencia de relacionar el plan de inmigración con el de política demográfica para favorecer el asentamiento de extranjeros en el medio rural.
Entre 70.000 y 75.000 personas forman la población inmigrante en Aragón si se toma como indicador las tarjetas sanitarias, lo que supone casi el 6% de la población y de los que unos 41.943 contaban con tarjeta o permiso de residencia en vigor a 30 de junio de 2004.
