El Pleno de las Cortes de Aragón instó ayer al Gobierno autonómico a recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, todavía en fase de anteproyecto, si vulnera el Estatuto de Autonomía. Los cinco grupos aprobaron por unanimidad una proposición no de ley de CHA con enmiendas de PP y PAR.
Las Cortes exigieron también que se mantengan todas las sedes judiciales actuales y que el Ejecutivo regional defienda ante el Gobierno central las conclusiones del dictamen de la comisión especial para el estudio de la reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial aprobado en 2012.
"Sería muy perjudicial el desmantelamiento de la planta judicial", espetó el portavoz de CHA, José Luis Soro, en su intervención, aludiendo al texto del anteproyecto, que preveía la supresión de las sedes ubicadas en Calatayud, Fraga o Barbastro.
El parlamentario popular Fernando González resaltó que las competencias de Justicia dependen de la comunidad autónoma, del Gobierno central y del Consejo General del Poder Judicial.
"Se van a mantener las 13 sedes judiciales", ha asegurado González, quien por otra parte ha afirmado que la sociedad demanda cambios en la Administración de Justicia para hacerla más "ágil".
El portavoz del PAR, Alfredo Boné, llamó la atención sobre la supresión, si prospera el anteproyecto, de la figura de los jueces de paz.
