El servicio de Intervención se ha pronunciado sobre el futuro del remanente del Ayuntamiento de Zaragoza. Según ha explicado el concejal de ZeC, Alberto Cubero, ha aceptado las enmiendas presentadas por su formación, PSOE y Podemos al proyecto de la concejala de Hacienda, María Navarro, que pretende utilizar 37,9 millones de los 40 disponibles para saldar las deudas con FCC y Avanza.
Desde el primer momento la oposición ha criticado esta decisión y ha solicitado que una parte se reserve para crear un plan de ayudas directas dirigidas al sector de la hostelería, el mundo de la cultura y el taxi. Según Cubero, el informe emitido por Intervención señala que "no se observa impedimento alguno para el debate de las enmiendas y su toma en consideración por el pleno" y el del coordinador general del Área de Presidencia, Hacienda e Interior constata que "las enmiendas que resulten aprobadas se elevarán al proyecto". Dos afirmaciones que para el concejal son clave porque confirman que sí que se podría cambiar el destino del remanente, contradiciendo así a Navarro, que asegura que tienen la obligación de saldar las deudas de la cuenta 413, es decir, del pago a proveedores, también ahora que el Gobierno de Sánchez ha suspendido la regla de gasto.
Cubero ha solicitado a Vox que reconsidere su decisión de apoyar la propuesta de la titular de Hacienda y le ha instado a que se abstenga para evitar que el remanen se gaste en pagar a las contratas. La ultraderecha ya anunció que votaría a favor después de conocer un informe de la Unidad de Contabilidad que se limita a reproducir uno de los párrafos del informe del Ministerio de Hacienda en el que se apoya Navarro y que dice que tras suspender la regla de gasto «hay que tener en cuenta, en todo caso, el cumplimiento de las obligaciones de atender la cuenta 413 y cumplir con el plazo máximo de pago a proveedores no está afectado por la medida de suspensión».
Precisamente, desde el área de Hacienda aseguran que este informe «prevalece» y será el que se tomé en consideración, independientemente del posible resultado en las votaciones. Las mismas fuentes señalan que Intervención ha admitido las enmiendas de las formaciones (ha rechazado una de Podemos y las once de los colectivos) porque técnicamente estaban bien elaboradas y, por lo tanto, pueden debatirse en la comisión, lo que no significa que se vayan a tener en cuenta.
La votación se realizará en la próxima comisión de Hacienda, que se celebrará el martes. Será el paso previo a la definitiva, en el pleno del 28 de diciembre. En la sesión también se pronunciarán sobre la decena de enmiendas presentar por distintos colectivos.
Las cuentas pendientes con ambas contratas municipales están relacionadas con las revisiones de precios. En el caso de la empresa que gestiona el transporte público, Avanza, son del 2018 y se contabilizaron el 31 de diciembre del 2019. En este caso, la cuantía que recibirá del consistorio es de 6,7 millones. No será lo único que ingrese de las arcas públicas porque la deuda que está contrayendo el consistorio con la concesionaria desde que comenzó la crisis sanitaria por la drástica caída en el número de usuarios cada día es más elevada. El ayuntamiento le paga a Avanza por cada kilómetro recorrido por sus buses, independientemente de que haya más o menos viajeros, con los que costea parte del gasto del servicio.
La deuda con FCC es mucho mayor, casi 30 millones en revisiones de precios. De estos, 6,9 corresponden al año 2014; 6,2 al 2015; 6,5 al 2016; 5,3 al 2017 y casi cinco millones al 2018. El goteo de millones no acaba aquí porque el ayuntamiento está pendiente de recibir las revisiones correspondientes al 2019 y las del 2020, aunque está última no llegará hasta el próximo año.
