Los operadores jurídicos zaragozanos escenificaron ayer su rechazo a la inminente aplicación del programa de gestión procesal Avantius, que tras su implantación en las provincias de Huesca y Teruel comenzará de forma inmediata a hacerlo en Zaragoza.
Los funcionarios de Justicia celebraron sendas concentraciones de protesta en la Ciudad de la Justicia y en la Audiencia Provincial de Zaragoza. En esta contaron además con el apoyo de varios magistrados, como el propio presidente de la Audiencia, Julio Arenere, o sus compañeros de la Sección Primera Juan Alberto Belloch y Javier Cantero. Con ellas remarcaban lo que su juicio es una implantación de sistema con poca preparación y que les da más trabajo, ya que el sistema de migración de un sistema a otro les está dando más trabajo al no conservar todos los datos.
Las quejas van desde la falta de formación hasta las prisas del proceso, pasando por que se implante en periodo vacacional, obligando a modificar planes. Por todo ello piden la dimisión del responsable de la implantación, Ángel Sanz.
SECTORIAL / Precisamente ayer se celebró la Sectorial de Justicia, en la que el ministerio anunció a las comunidades autónomas que desiste de implantar un sistema procesal común, en favor de la interoperabilidad, que a juicio de la DGA es lo que garantiza Avantius.
En cualquier caso, ha desaparecido la partida presupuestaria del Estado, de 6 millones de euros, para la modernización tecnológica de la Justicia.
En la reunión, entre otras cosas, se abordó la continuidad de los juzgados de cláusulas suelo, que la DGA apuesta por mantener, ya que aunque apenas haya habido un 15% de sentencias respecto a los casos ingresados, el ritmo aumenta y ya hay tres jueces dedicados a ello.
