La jueza Soledad Alejandre reactivó ayer el caso paraísos de Plaza con la declaración de dos de los tres investigados en la causa, el exconsejero delegado de la plataforma logística Carlos Escó y el constructor Agapito Iglesias. Ambos negaron a la Fiscalía y al Gobierno de Aragón, personado como acusación particular, que el origen de algunos de sus ingresos fuera un cobro indebido de fondos públicos, ni que hubiese maniobra alguna de desvío.

Esto es lo que se trata de dirimir en el Juzgado de Instrucción número 2, en esta pieza separada del caso pagarés, por el que ambos fueron condenados a cuatro años de prisión junto con el exgerente de la plataforma, Ricardo García Becerril. En la sentencia, hoy bajo revisión del Supremo, la Audiencia de Zaragoza determinó que habían pagado indebidamente con dinero de Plaza a Codesport 8,7 millones de euros.

Mientras se investigaba el caso, el instructor encargó un informe a la Policía para determinar dónde había podido ir a parar el dinero (que entonces se estimaba en más de 14 millones de euros), y esta vio indicios de desvíos de capital, que ahora se indagan.

Tras dos años bajo secreto de sumario y aletargada, ayer volvió a reactivarse la causa, ya sin García Becerril, cuyo patrimonio se investiga en la causa principal.

El informe policial señalaba los viajes de Escó e Iglesias al extranjero como indicio de evasión fiscal. Pero, al parecer, las pesquisas por delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales no van por ahí actualmente.

En el caso de Escó, el foco parece estar puesto en los gastos con fondos de origen desconocido, también vinculados al caso karts, otra de las causas de Plaza de la que salió absuelto. Como en aquel, su abogado, Juan Monclús, esgrimió un informe patrimonial elaborado por Ignacio Ruiz-Jarabo, director de la Agencia Tributaria en la época de Aznar.

INFORME / En él justifica el dinero y gastos en efectivo del matrimonio Carlos Escó-Eva Almunia entre el 2004 y el 2010 por la aparición en casa del padre de ella de 144.000 euros en efectivo, no declarados porque iban a servir para gastos del tratamiento de alzhéimer del anciano o una moto Yamaha pagada a escote entre sus amigos en un cumpleaños.

Por su parte, Agapito Iglesias afirmó que los pagarés abonados por Plaza fueron realmente para pagar la obra a su empresa Codesport. Y llevó informes, aunque la jueza no le dejó aportarlos ayer sin el procedimiento adecuado, que enmarcarían las donaciones y transmisiones de acciones a su familia (1,2 millones de euros), poco antes del concurso de acreedores de Codesport, en su proceso de divorcio.

Ayer no compareció el exdirector técnico de Plaza, Miguel Ángel Pérez Cervantes, que permanece como investigado pese a que, como recordó su abogada, Carmen Cifuentes, fue absuelto en el caso pagarés.