Productos de higiene y cuidado personal, velas, chicles y hasta repostería realizada con una base de cannabis son cada vez más habituales en tiendas tanto especializadas entre los defensores de las propiedades de la planta, así como en grandes almacenes con marcas populares. ¿Son legales? Sí, siempre que el nivel psicoativo del THC sea inferior al 0,2% frente al 15 ó 25% que suele tener la marihuana con la que se trafica. Al calor de este nuevo mercado en España han crecido los invernaderos legales dedicados a esta producción industrial como en Tauste, en la comarca de las Cinco Villas, donde se estableció en el 2017 la empresa Unión Verde que se ha visto salpicada por la acusación de un delito contra la salud pública. Sus responsables se sentaron ayer en el banquillo de la Audiencia de Zaragoza, afrontando penas de hasta 12 años de cárcel.
De los siete acusados, solo uno quiso declarar por ser el administrador único de la sociedad, José L. M., quien insistió en todo momento en su inocencia. Explicó tanto al fiscal Fernando García Vicente (que celebró su último juicio antes de jubilarse) como al abogado defensor, José Cabrejas, que en todo momento la producción que se realizaba cuando la Guardia Civil entró como en la actualidad es totalmente legal. «Compramos las semillas que la Unión Europea considera legales porque tienen 0,2% de THC y tanto las facturas como las etiquetas de todo lo que ahí se cultivaba se remitía tanto al Seprona como a las autoridades sanitarias. Sabían de nosotros hasta el Gobierno de Aragón, señaló.
DENUNCIA
Una buena imagen que cambió cuando la empresa comenzó a sufrir asaltos y robos de centenares de plantas. La seguridad privada contratada se veía superada y también alguno de los socios como Paul B., quien llegó a amenazar, supuestamente, a uno de los agentes por permitirlo. Fue este agente el que señaló que tenía sospechas de que esa marihuana no era industrial por el olor y por el comportamiento de los propietarios. Ahí comenzó una investigación por parte del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA) de la Comandancia de Zaragoza que tomó muestras y que llevaron al titular del Juzgado de Instrucción 1 de Ejea a ordenar la destrucción de toda una producción, más de tonelada y media. En análisis realizado por el Área de Sanidad de la Subdelegación del Gobierno en Aragón estimó que el porcentaje de THC era del 1,36%, mientras que mandada la sustancia a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo consideró que estaba en un 0,5%.
En ese aspecto está el debate, puesto que desde Unión Verde presentó un análisis del Área de Ciencia y Seguridad del CTAEX cuya responsable emitió otro informe en el que aseveró que todas las muestras examinadas tenían un porcentaje inferior al 0,2% de THC. El dueño de la empresa aseguró que «sería una estafa» vender esa marihuana para el tráfico de sustancias estupefacientes porque «no sirve para nada». «Es como si vendes alcohol y es agua, pues nadie lo compraría», afirmó,
También explicó que «de llevar a cabo una actividad ilegal en ningún momento hubiéramos ido a la Guardia Civil a poner denuncias de que nos robaban. Al contrario, nosotros hablamos con el puesto en Tauste de nuestra actividad y ellos siempre nos advirtieron que hiciéramos las pruebas y si en algún momento pasaba el THC de 0,2 que les avisáramos y no lo sacáramos del recinto. Eso hicimos. De hecho, explicó que semanalmente analizaban los niveles del cannoboide y que en ningún momento alcanzó esos niveles. Es más, añadió que entre la operación de la Guardia Civil por la que fueron detenidos y los robos que sufrieron, la producción de esa floración nunca llegó a comercializarse.
Pero no lo ve así la Guardia Civil que señaló que tiene sospechas de que la marihuana fuera a enviarse a los Países Bajos, lugar de procedencia de buena parte de los encausados, «lugar donde está permitido el consumo, pero no el cultivo».
También afirmaron desde el instituto armado que precintaron una parte de la producción y que cuando volvieron para destruirla «han separado 340 cogollos, los habían desbrozado y empaquetado, además de estar escondidos en un altillo de una casa». Afirmación que rebatió el abogado defensor porque aseguró «que el juez en ningún momento prohibió su manufactura, sí los inmovilizó a la espera del resultado de las pruebas del laboratorio». También añadió que esa vivienda estaba en el interior del recinto de la empresa.
