Cecilio Giménez Giménez asesinó a Francisco Javier Martínez Gracia a traición, siendo consciente de que su víctima estaba indefensa. Asi lo consideró probado el jurado popular que ayer emitió el veredicto del crimen de Épila, por el que también le imputaron la tenencia ilícita de armas por la pistola que empleó pero le exoneraron de las amenazas a la hermana de la víctima. Con ello, la pena que afronta Giménez oscila entre los 22 años que pide la acusación particular, en nombre de la hermana, y los 16 que pidió la defensa.

El jurado apenas tardó cuatro horas en decidir, después de lo escuchado la semana pasada en el juicio, celebrado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza, y tras recibir ayer el cuestionario con los hechos que han de votar.

Según dan por probado, Giménez había comprado la casa cueva donde residía a los hermanos Martínez Gracia en el 2011, pero tras un problema con unas obras en el 2016, entendía que le habían engañado y quería 6.000 euros. En ello insistió cuando, el 3 de febrero del año pasado, sobre las 17.00 horas, fue a casa de María Victoria Martínez, para volver a discutir del asunto.

El jurado no consideró probado que amenazase gravemente a la mujer -le imputaban un delito de amenazas-, ya que de haberlo hecho «su comportamiento hubiera sido distinto», razonó el jurado. Hubiese llamado a la Guardia Civil, por ejemplo.

En cualquier caso, el que iba a ser la víctima, Francisco Javier Martínez, llegó al poco tiempo. Con la situación aparentemente calmada, el hombre se despidió de Cecilio, pero este sacó una pistola de una bandolera, para la que no tenía licencia, y le disparó «de manera sorpresiva e imprevisible», con ánimo de matar. El tiro, efectuado a unos 30 centímetros de distancia, fue mortal.

Giménez, que se deshizo del arma , no estaba afectado por ninguna enfermedad psiquiátrica en ese momento, según el jurado, aunque en su día simulara una esquizofrenia paranoide.

Tras el veredicto, Fiscalía y acusación particular, ejercida por Soraya Laborda y Laura Vela, retiraron el delito de amenazas, pidiendo penas de 19 años y medio y 22 años de cárcel, respectivamente. La defensa, a cargo de Javier Elía, la limitó a 16, la mínima por asesinato y tenencia ilícita de armas. El juez decidirá. H.