El Justicia de Aragón hizo público ayer un informe sobre la propuesta de los grupos políticos de izquierda de modificar la ley de custodia compartida, eliminándola como preferente, en el que defiende la validez de la norma y sus buenos resultados en los ocho años que lleva en vigor. Ángel Dolado, siguiendo el criterio que ya marcó como juez (Decano y de Familia), considera que la ley fue todo un avance y que su derogación de facto (cambiaría apenas un par de artículos, pero serían los fundamentales) traería múltiples perjuicios.

El informe del Justicia recuerda que en los ocho años de vigencia de la norma, la custodia compartida entre el padre y la madre ha ido ganando presencia, en unos casos porque se pacta y en otros porque el juez, aplicando la ley que la marca como preferente, la ha aplicado si no consideraba que perjudicase al menor. Pero sigue siendo muy minoritaria en divorcios litigiosos, con un 70,8% de concesiones de custodia a favor de la madre y un 21,2% de compartidas.

La norma, continúa el análisis, va en consonancia con la doctrina europea, que refleja «el derecho del menor a convivir con los dos progenitores y el correlativo deber de los padres de implicarse en la educación de los hijos».

El Justicia de Aragón recuerda que la ley aragonesa fue «pionera» en España y ha contribuido a la «educación en igualdad de género», en la medida en que desde su implantación se han solicitado y concedido más custodias paritarias «o un régimen de visitas más amplio para el padre» en los casos de custodia individual, que siguen siendo preferentemente para la madre.

DESIGUALDAD

A juicio de Dolado, lo que ha contribuido a erradicar la norma es la visión de la mujer como «la parte fuerte» de la negociación tras la separación al quedarse con los niños, que podían ser usados como «moneda de cambio» a la hora de negociar la casa o la pensión. Una posición que a la vez la relega a mantener el rol tradicional de cuidar de los hijos mientras el exmarido trabaja y a depender de una pensión que a veces este no pasa.

A juicio del Justicia, la legislación ha contribuido a erradicar estos papeles y «no ha ocasionado problemas de aplicación, muy al contrario, se ha conseguido una consolidada jurisprudencia que ofrece seguridad».

Precisamente una de las afecciones que señala si se modificase la norma sería la quiebra de esta seguridad. A su juicio, la propuesta de reforma «no resuelve ningún problema práctico y ocasiona muchos más, al no tener en cuenta la sistemática conjunta del Código Foral». Esto es, que modificando lo que se considera unos artículos mínimos estos afectarían a toda la coherencia interna del documento, que incluso ha servido de base a un grupos de juristas aragoneses para elaborar una propuesta de reforma del Código Civil nacional.

Dolado propone como posible mejora a la situación actual la creación de la figura del coordinador de parentalidad que actúe como mediador y asesor en divorcios contenciosos, como ya reflejó en una sentencia suya.